Colombia necesitará 2.000 abogados de oficio más para la justicia transicional

El presidente del Colegio, César Huertas, ha explicado en declaraciones a Caracol Radio que, de acuerdo con sus cálculos, la justicia transicional generará unos 80.000 procesos judiciales para los que se necesitarán al menos otros 2.000 abogados de oficio.

Huertas ha señalado como precedente la Ley de Justicia y Paz elaborada por el Gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares. "Cada defensor maneja entre 200 y 300 investigaciones, una carga excesiva de trabajo que no tiene reversa, más cuando viene el postconflicto", ha dicho.

En este contexto, ha pedido una reunión con el nuevo Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, con el fin de analizar la situación actual y prever las necesidades de la justicia transicional. Huertas ha reclamado como primer paso la renovación de los contratos de los abogados de oficio que expiran en octubre.

JUSTICIA TRANSICIONAL

La JEP es un sistema de justicia transicional para los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado por cualquiera de sus actores, ya sean guerrilleros o agentes del Estado.

Prevé un marco penal que va desde los cinco hasta los 20 años de cárcel con una gradación que depende de la verdad que aporten los acusados y de en qué momento del proceso lo hagan, así como sanciones alternativas que implican "restricciones" de derechos y libertades.

La justicia transicional es solo uno de los cuatro ejes que forman el acuerdo sobre víctimas. Las partes han diseñado un sistema que contempla una comisión de la verdad, así como medidas de reparación y para garantizar la no repetición.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están ya en la recta final del proceso de paz tras casi cuatro años de diálogo en La Habana en los que han conseguido llegar a acuerdos sobre desarrollo agrario y rural, participación política, drogas y víctimas.

Aún quedan por cerrar los acuerdos relativos al fin del conflicto --aunque han alcanzado un pacto sobre el cese de las hostilidades bilateral y definitivo y el desarme-- y a la ratificación, implementación y verificación de lo pactado.