Cerca de 170.000 ecuatorianos, habilitados en España para votar a su nuevo presidente

El embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, ha informado de que un total de 450.000 ecuatorianos viven en territorio español. "España es posiblemente el país donde más ecuatorianos van a votar", ha asegurado el embajador.

Calahorrano ha recordado que el voto en el exterior es facultativo, es decir, no es obligatorio como en Ecuador. "Aquí (en España) también hay una tendente democrática en nuestra comunidad. En los últimos diez años los inscritos para participar han ido aumentando sustancialmente", ha añadido.

En España, el proceso electoral se llevará a cabo entre las 7.00 y las 17.00 horas en 19 recintos establecidos por todo el país. "Es importante que las personas vayan a votar pronto para evitar filas y, sobre todo, para evitar que alguien se quede sin votar", ha pedido la cónsul general de Ecuador en Madrid, Lorena Escudero.

Entre los 19 centros de votación en España habrá uno en el barrio madrileño de Villaverde Bajo, uno en Toledo, dos en Barcelona, uno en Navarra, cinco en Murcia, uno en Valencia, uno en Alicante, siete repartidos por Andalucía y, el último, en Palma de Mallorca.

Según el CNE, los ciudadanos habilitados para votar son aquellos que solicitaron el cambio de domicilio electoral hasta el 31 de agosto de 2016. Los ecuatorianos que no se presenten a las urnas o no aparezcan en el padrón electoral no serán multados, siempre que demuestren ante el CNE su condición de inmigrante.

'EL PACTO ÉTICO'

Estas elecciones presidenciales cuentan con una novedad: 'El Pacto Ético', que consiste en una consulta popular propuesta por el presidente actual, Rafael Correa, con el objetivo de conocer la opinión de los ecuatorianos sobre la posesión de bienes en paraísos fiscales.

La consulta se realizará en el marco del proceso electoral para no generar gastos añadidos al Estado. Si los resultados dan el triunfo al 'sí', en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público para que aquellos funcionarios públicos que tengan bienes y capitales en paraísos fiscales, los devuelvan a Ecuador.