La CIDH condena a Colombia por la detención y muerte de defensoras de DDHH durante el Gobierno de Uribe

En un comunicado, la CIDH ha señalado que Bogotá es "responsable" por no evitar el asesinato de Ana Teresa Yarce, defensora en la Comuna 13 San Javier de la capital, Medellín, por no haber adoptado "medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de Derechos Humanos" y por "violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".

Estos hechos se remontan a 2002, en el marco de la 'Operación Orión', llevada a cabo para poner fin a la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Comandos Armados del Pueblo (CAP) en el contexto de un estado de excepción declarado por el entonces presidente, Álvaro Uribe.

La CIDH ha recordado que las defensoras involucradas, María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryan Eugenia Rúa Figueroa, tres de ellas detenidas y una, asesinada, estaban "especialmente afectadas por el conflicto armado".

Según el fallo de la CIDH, las mujeres "eran víctimas de violencia habitual, generalizada y sistemática" y, en particular, las de esta comuna, que además de encontrarse en situación de riesgo estaban afectadas por el desplazamiento intraurbano.

Tres de ellas, Yarce, Mosquera y Naranjo, fueron detenidas en 2002 acusadas de colaborar con la guerrilla sin pruebas, aunque fueron liberadas casi diez días después. La CIDH ha señalado que esta detención fue ilegal y arbitraria.

Dos años después, Yarce fue asesinada, a pesar de que había numerosas denuncias acerca de su situación de riesgo. En este contexto, la Corte ha indicado que el Estado colombiano no aplicó "las medidas necesarias para salvaguardar su vida" y que, por ello, "no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer".

Las otras cinco mujeres se vieron obligadas a desplazarse, razón por la cual la CIDH también ha condenado a Bogotá, en esta ocasión por no adoptar medidas de asistencia ni "posibilitar su retorno voluntario y seguro". A esto se suman que dos de ellas, Ospina y Rúa, perdieron sus viviendas, por lo que el Estado ha quedado sancionado por no "garantizar el derecho a la propiedad privada" de ambas.

"En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, entre las que destacan continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de las señora Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos", ha concluido el comunicado.