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Bruselas plantea suprimir de nuevo aranceles para productos Sri Lanka a cambio de mejoras en DDHH

Exige plena compatibilidad de ley antiterrorista con normas internacionales y mejoras en protección de derechos de mujeres y niños
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles restablecer de nuevo las ventajas comerciales para Sri Lanka como forma de incentivar las reformas para mejorar la situación de los Derechos Humanos y garantizar el cumplimiento de los estándares laborales, de protección ambiental y buen gobierno que fijan 27 convenciones internacionales.
Estas ventajas comerciales, conocidas como el régimen GSP+, del que ya se benefician Bolivia, Paraguay, Filipinas, Armenia, Cabo Verde, Kirguistán, Mongolia y Pakistán, se traducirían en la retirada plena de los aranceles para el 66% de los productos de Sri Lanka, incluidos los textiles y productos de pesca.
Los Gobiernos europeos y el Parlamento Europeo tienen un plazo de cuatro meses para plantear sus objeciones antes de que entren en vigor las ventajas comerciales.
En todo caso, las ventajas comerciales estarían condicionadas al compromiso continuado del Gobierno de Sri Lanka en avanzar en el respeto de los Derechos Humanos, el buen gobierno y el desarrollo, algo que sería vigilado de forma "rigurosa", ha avisado el Ejecutivo comunitario.
La UE decidió suprimir las ventajas GSP+ a Sri Lanka en 2010 por su falta de acción para atajar las violaciones de Derechos Humanos en el país.
Sri Lanka volvió a pedir en julio de 2016 las ventajas comerciales europeas después de que el nuevo Gobierno del país asiático presentara en 2015 una hoja de reformas para promover la reconciliación nacional, el respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, el buen gobierno y el desarrollo sostenible.
El Ejecutivo comunitario ha propuesto ahora volver a dar las ventajas comerciales a Sri Lanka tras concluir que cumple los criterios y en reconocimiento a "pasos importantes" que ha dado el país para mejorar los Derechos Humanos y el buen gobierno, entre ellos, la enmienda constitucional que restablece la independencia de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, garantías de que reexaminará casos de personas desaparecidas y dará una mejor protección para víctimas y testigos, así como la liberación de personas detenidas bajo su controvertida ley antiterrorista y medidas para combatir el trabajo infantil.
También ha valorado los compromisos que ha hecho en la Asamblea General de la ONU para avanzar en la reconciliación, la rendición de cuentas y en Derechos Humanos y el hecho de que haya cumplido ya la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
UE EXIGE CAMBIOS EN LEY ANTITERRORISTA Y FIN DE LA TORTURA, ENTRE OTROS
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha justificado su concesión porque "las ventajas GSP+ pueden hacer una contribución significativa al desarrollo económico de Sri Lanka, aumentando sus exportaciones al mercado de la UE" y como forma de "apoyar a Sri Lanka a aplicar las reformas en Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el buen gobierno".
"Confío en ver un progreso sustancial ulterior y temprano en estas áreas", ha subrayado no obstante la comisaria, que ha recordado que entre las medidas prioritarias que espera la UE de Sri Lanka se incluye garantizar que su ley antiterrorista es "plenamente" compatible con las convenciones internacionales de Derechos Humanos.
Otras de las acciones prioritarias que el Ejecutivo comunitario exige a Sri Lanka para restablecer las ventajas comerciales para el país es que garantice el fin del uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y su impunidad y la mejoras en la protección de los derechos de mujeres y menores para impedir su discriminación, la violencia doméstica, la explotación sexual o en la edad mínima para el matrimonio. También pide medidas para combatir el acoso a sindicatos.
La UE es el mayor mercado para las exportaciones de Sri Lanka, que envía casi un tercio de sus exportaciones totales al mercado europeo. El comercio bilateral ascendió a 4.700 millones de euros en 2015, de los cuáles 2.600 millones de euros fueron importaciones de productos de Sri Lanka a la UE, fundamentalmente textiles, pero también productos de caucho y maquinaria.