Bruselas avisa a los 28 de que los controles en frontera dentro de Schengen "no pueden ser la nueva regla"

La Comisión Europea ha defendido este viernes que el espacio sin fronteras Schengen "está vivo" y que la reintroducción de controles sistemáticos en las lindes interiores "no puede ser la nueva regla", a pesar de que Alemania, Francia y otros cuatro países han anunciado nuevas prórrogas de la vigilancia reforzada que aplican en sus fronteras desde hace dos años.

"Los controles interiores no pueden convertirse en la nueva regla, definitivamente no pueden. Por eso proponemos una reforma que permita a los Estados miembro responder a la amenaza de seguridad, sin dañar la libertad de movimiento", ha indicado Avramopoulos en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo.

En este encuentro, los 28 han discutido por primera vez la propuesta de Bruselas de enmendar el Código de Fronteras Schengen para ampliar de dos a tres años el tiempo máximo en que se podrán realizar controles interiores por riesgo terrorista.

La prórroga máxima estará condicionada al visto bueno previo de los 28 y a que el país en cuestión de muestre que ha aplicado otras medidas contundentes a nivel nacional, como la declaración del Estado de emergencia.

Son condiciones con las que Avramopoulos ha asegurado que se pretende proteger "el importante equilibrio" con el que responder a la amenaza terrorista "sin dañar la libre circulación".

Los cambios que propone el Ejecutivo comunitario responden a las exigencias de París y Berlín de reformar las reglas actuales, que consideran insuficientes para responder al nuevo contexto de amenaza terrorista y pedían poder aplicar los controles hasta cuatro años.

Aunque los tiempos que ofrece Bruselas son menores (seis meses prorrogables hasta un año, más dos años adicionales si persiste la amenaza), Francia se ha mostrado "satisfecha" con la propuesta, pese a tener reservas con "detalles" que considera que restan soberanía nacional, según ha dicho el ministro de Interior galo, Gérad Collomb.

"SI MUERE SCHENGEN, EUROPA MORIRÁ"

"Entiendo las preocupaciones de los Estados miembros, en especial en lo que se refiere a la seguridad, pero Schengen está vivo y así debe seguir. Si Schengen muere, Europa morirá", había advertido con contundencia horas antes, a su llegada a la reunión en Luxemburgo.

También el ministro de Interior estonio y presidente de turno de la UE, Andres Anvelt, ha querido defender los beneficios "indiscutibles" del espacio Schengen para la Unión Europea y ha asegurado que existe un amplio consenso entre los 28 al respecto. "Los rumores sobre la muerte de Schengen son exagerados", ha zanjado.

El futuro de Schengen ha sido protagonista de un debate "intenso, pero constructivo" entre los ministros, según ha dicho el representante estonio, sin revelar las posiciones de cada delegación.

Los seis países que ya aplican los controles excepcionales han defendido la necesidad de continuar con ellos por razones de seguridad, sin que ello implique dañar Schengen.

Sin embargo, se han encontrado con otro pequeño grupo que ha pedido "proporcionalidad" y "justificaciones claras" para mantener las medidas en el tiempo, habida cuenta de que se trata de acciones "temporales", según fuentes europeas.

NUEVAS PRÓRROGAS

Francia reintrodujo los controles sistemáticos tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 y desde entonces los prorroga cada seis meses atendiendo a la amenaza terrorista, dado que se han seguido produciendo atentados en su territorio, el último el pasado 2 de octubre, cuando dos mujeres fueron asesinadas en Marsella.

Además, Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia han ido notificando en los últimos días a Bruselas que mantendrán seis meses más sus controles. Su caso es distinto al de Francia porque fueron autorizados a mantener estas medidas por la presión migratoria en sus fronteras y ese permiso expira el 11 de noviembre sin posibilidad de prórroga.

Para mantener en el tiempo los controles, sus nuevas notificaciones aducen motivos de orden público y seguridad pública, según ha apuntado Avramopoulos, cuyos servicios deben "evaluar" ahora si las peticiones cumplen con las normas existentes.