Australia y EEUU alcanzan un polémico acuerdo sobre el destino de los detenidos en Manus y Nauru

"Es un acuerdo", se puntualiza no obstante en el texto, "que bajo ninguna circunstancia estará disponible para cualquier 'futura llegada ilegal por mar' a Australia".

El acuerdo, anunciado por el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, y su ministro de Inmigración, Peter Dutton, ha sido recibido con cauta alegría por la ONU -- "se trata de una solución que necesitábamos muchísimo", ha hecho saber su agencia para los refugiados, ACNUR --, y con mayor escepticismo por ONG como el Human Rights Law Centre, que celebra el cierre de estos centros pero denuncia la ausencia de detalles.

Se da la circunstancia de que ACNUR ha tenido que aclarar a posteriori su papel en el acuerdo. El Gobierno australiano indicó que la agencia había sido parte de las negociaciones, un aspecto que ACNUR ha negado inmediatamente: "No somos parte del acuerdo y no conocemos los detalles", aclararon fuentes de la agencia a 'The Guardian'. ACNUR "sigue gravemente preocupada por el destino de esta gente en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, el HRLC lamenta la falta de concreción. "No hay plan, no hay números, no sabemos qué va a hacer exactamente el Gobierno con estos cientos de personas inocentes", han lamentado en su cuenta de Twitter, sobre las 872 personas detenidas en Manus y las 390 en el centro de Nauru, muchos de ellos familias.

O condenado directamente por Amnistía Internacional como ejemplo de "escurrir el bulto". "Nos parece una absoluta vergüenza que Australia haya dejado languidecer tres años a esta gente, en un régimen equivalente a tortura, y después se lave las manos a la hora de proteger a estas personas", lamentó el coordinador de la ONG para los refugiados en Australia, Graham Thom.

La ONG reitera en este sentido los abusos a los que son sometidos los desplazados en estos centros, "una prisión al aire libre", donde estas personas son "arrestadas ocasionalmente de forma arbitraria" como medida de intimidación". "Es un modelo", indicó la directora de investigación de Amnistía Australia, Anna Neistat, "que minimiza la protección y maximiza el daño".

"Lo que demuestra este anuncio es que el Gobierno australiano ha reconocido finalmente que estos centros son insostenibles y que deben cerrar sus puertas a la mayor brevedad posible", añadió Amnistía. Para otras ONG de envergadura, como Save the Children o Human Rights Watch, se trata por lo menos de un paso para poner fin al sufrimiento de estos refugiados.