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Angola pide el "fin inmediato" de la violencia en la región congoleña de Kasai

El Gobierno de Angola ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de República Democrática de Congo y a "todas las fuerzas políticas" del país para que detengan "inmediatamente la violencia y la práctica de actos de extremismo y de intolerancia política", tras los últimos incidentes registrados en la región de Kasai.
En un comunicado publicado por la Embajada de Angola en España, el Ejecutivo angoleño ha abogado por impulsar un "diálogo serio y constructivo" en República Democrática del Congo para lograr "el retorno de la paz y la estabilidad al país".
La legación diplomática angoleña ha explicado que en las últimas semanas han llegado a Angola "más de 15.000 refugiados procedentes de Kasai" y que el país ha seguido la evolución de esta espiral de violencia con "bastante preocupación".
La situación de violencia de extrema gravedad que vive República Democrática del Congo "debe merecer el rechazo de toda la comunidad internacional", ha subrayado el Gobierno angoleño. "Esta situación ha provocado una entrada masiva de refugiados en territorio angoleño, exigiendo un esfuerzo suplementario en términos financieros, logísticos, de seguridad y orden público, con el fin de atender las necesidades humanitarias más urgentes de las personas mencionadas, cuyo número no para aumentar", ha indicado.
Para dar una solución a corto plazo del grave problema que padece República Democrática del Congo, el Ejecutivo angoleño ha recordado a las organizaciones regionales y a Naciones Unidas "la necesidad de emprender acciones políticas, diplomáticas y otras que resulten necesarias y adecuadas".
Los enfrentamientos en la región de Kasai entre militares congoleños y fuerzas del grupo liderado por Kamuina Nsapu acabaron en marzo con la vida de 390 milicianos.
La violencia en la región de Kasai, una de las más pobres del país, comenzó en agosto de 2016. Kamuina Nsapu, que había heredado el puesto de jefe local a la muerte de su padre, creó su propia milicia para enfrentarse al Gobierno ante el rechazo de las autoridades a reconocer su poder sobre la zona de Dibaya.
Aunque su líder murió ese mismo mes en un enfrentamiento con la Policía, la milicia ha seguido actuando, atacando principalmente los símbolos del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad, si bien la ONU ha constatado un creciente número de ataques contra civiles, al tiempo que la respuesta de las fuerzas de seguridad también ha tenido como víctimas en ocasiones a la población civil.
Según los últimos datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el conflicto ha dejado 1,2 millones de desplazados, de los cuales 100.000 se produjeron solo en la primera semana de mayo. De media, unos 8.000 civiles se ven obligados a abandonar a diario sus hogares por las acciones de los milicianos y las fuerzas de seguridad.