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AI denuncia las "leyes orwellianas" de la UE y el "desmantelamiento" de las garantías en DDHH

Asegura que la directiva comunitaria sobre combatientes extranjeros castiga "predelitos"
Amnistía Internacional ha asegurado este martes que la directiva europea sobre combatientes extranjeros es equiparable a unas "leyes orwellianas" para castigar "predelitos", al tiempo que ha denunciado el "desmantelamiento" de los sistemas de garantías de Derechos Humanos por la imposición de normas restrictivas con la excusa de la seguridad y de la lucha contra la amenaza terrorista.
Kartik Raj, investigador para Europa de Amnistía Internacional, ha asegurado en rueda de prensa en la sede de la organización en Madrid que una representante de la Comisión Europea le llegó a admitir que la nueva directiva comunitaria tiene el efecto equivalente a "detener a un borracho" antes de que entre en su coche para conducir.
"Esta directiva penaliza el acto de viajar sin conexión alguna directa y suficientemente próxima a un delito principal, es decir el acto de terrorismo", ha explicado Raj. En su opinión, la directiva se asimila más a "detener a alguien en el momento en que toma una cerveza en el bar o cuando entra al bar y pide una cerveza". "Estos actos no son delitos pero serán penalizados como predelitos. Es por eso que les llamamos leyes orwellianas. Estas son leyes peligrosamente desproporcionadas", ha alertado.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha denunciado el "desmantelamiento" del "sistema de garantías" de Derechos Humanos que se está experimentando en los países europeos por la imposición de normas en materia de seguridad y lucha antiterrorista.
Tras subrayar que la "amenaza" terrorista en Europa es "real" y hay que actuar para afrontarla, ha dejado claro que los gobiernos europeos tienen el derecho de proteger a sus ciudadanos pero "no con el coste" de restringir las garantías en Derechos Humanos.
LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS ES "DESPROPORCIONADA"
Beltrán ha asegurado que la respuesta de los ejecutivos europeos frente a la amenaza terrorista es "desproporcionada" y "discriminatoria" y ha subrayado que no se pueden sacrificar los derechos de los ciudadanos.
"Con el argumento de salvar las vidas de personas hay gobiernos que quieren acabar con nuestro sistema de vida actual y reemplazarlo por uno basado en el miedo y disfrutar de menos derechos", ha explicado.
Beltrán y Raj han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del informe 'Peligrosamente desproporcionado', en el que Amnistía Internacional analiza la situación en los últimos dos años en catorce países de la Unión Europea, incluida España, en los que observa que se han recortado derechos por la imposición de medidas y normas en materia de seguridad.
AI ha puesto como ejemplo de los abusos que se cometen en nombre de la seguridad el caso de Ahmed H., un hombre sirio condenado a diez años de prisión por "un acto de terrorismo" por haber lanzado tres piedras contra agentes de la Policía húngara en la frontera con Serbia y por haber hecho uso de un megáfono para hablar con los agentes e intentar calmar los ánimos, según la versión de la ONG.
El informe de AI analiza violaciones y abusos de los Derechos Humanos y casos preocupantes registrados en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, España, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Reino Unido en los dos últimos años y denuncia el "deterioro silencioso" de la situación por la entrada en vigor de normas en materia de seguridad.
HAY QUE "DAR SEGURIDAD" PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS
El director de Amnistía España ha hecho hincapié en que los gobiernos europeos deben "dar seguridad para que los ciudadanos disfruten de sus derechos" y "no restringir los derechos de las personas con el fin de obtener seguridad".
"Todos los gobiernos europeos en sus medidas de seguridad y de emergencia en relación al terrorismo deben mantener el derecho a no ser discriminado por ningún motivo", ha señalado, antes de recalcar que "todos los estados de emergencia deben ser temporales".
"No podemos permitir que nuestras sociedades entren en un ciclo permanente de securización que acabe con la libertad de expresión, el principio de no discriminación, los Derechos Humanos que desde la Segunda Guerra Mundial se han instalado", ha subrayado.
Por su parte, Raj ha señalado que el informe pone de manifiesto el "profundo cambio de paradigma" que se ha dado en Europa "en el contexto" de la lucha antiterrorista, con una serie de medidas que lo que hacen es dar más competencias a los gobiernos en materia de seguridad "sin supervisión", aumentar el poder de las fuerzas de seguridad para actuar sin cargos ni pruebas y reducir la capacidad de control de los jueces y el Parlamento de estas actuaciones.
El activista de Amnistía Internacional especializado en Europa ha mencionado como especialmente preocupantes los casos de Hungría y de Polonia por el retroceso en materia de derechos y ha recordado también que en Francia se ha prolongado "cuatro veces" el estado de emergencia desde los últimos atentados terroristas.
Raj ha denunciado la situación en países como Reino Unido, donde el Gobierno puede adoptar medidas administrativas contra ciudadanos extranjeros como la retirada de pasaporte, la prohibición de viajar o ir a mezquitas o la obligación de acudir a comisaría sin que sea necesario que se demuestre la "culpabilidad" del ciudadano.
En el caso de España, Beltrán ha reclamado una "reforma profunda" del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no se produzcan "violaciones de Derechos Humanos" con los acusados, al tiempo que ha exigido que se ponga fin al uso del régimen de incomunicación.
Además, ha criticado los abusos que, a juicio de Amnistía Internacional España, se han producido en casos como el de los titiriteros o el de César Strawberry, vocalista de Def con Dos que fue detenido por una serie de mensajes publicados en Twitter y cuyo caso fue archivado posteriormente.
Sobre la situación en los países europeos analizados en el informe de AI, Raj ha subrayado la importancia de que la actuación de los gobiernos en materia de seguridad esté siempre sometida a supervisión judicial y que en ningún caso se acepte la obtención de testimonios mediante torturas.
Por último, ha dejado claro que el recorte de derechos por la imposición de normas de seguridad y en materia antiterrorista ha llevado en algunos países europeos a un aumento de los abusos cometidos con extranjeros y a un incremento de casos de racismo.
El informe 'Peligrosamente desproporcionado' de Amnistía Internacional analiza la situación en países europeos en los últimos dos años centrándose en las áreas de leyes de excepción, principio de legalidad, derecho a la privacidad, libertad de expresión, derecho a la libertad, libertad de circulación, despojamiento de la nacionalidad y principio de no devolución.
LA COMISIÓN EUROPEA "TOMA NOTA" DEL INFORME
Desde la Comisión Europea, una portavoz ha asegurado en rueda de prensa en Bruselas que la Unión Europea "toma nota" del informe pero no comparte las críticas de AI a las medidas antiterroristas comunitarias, además de dejar claro que las autoridades comunitarias seguirán "vigilando" a los estados miembro para la correcta aplicación de la normativa.
"Los derechos fundamentales no son y nunca deben ser sacrificados para luchar contra el terrorismo en la UE. Los derechos fundamentales son lo que los terroristas atacan, las medidas adoptadas por seguridad no deben reducir los estándares de protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, todas las medidas deben responder a los principios de necesidad proporcionalidad y legalidad", ha asegurado la portavoz comunitaria.