AI y HRW instan a Arabia Saudí a anular las sentencias de muerte de 14 ciudadanos chiíes

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han instado este martes a Arabia Saudí a anular las sentencias de muerte de 14 miembros de la comunidad chií, después de que el Tribunal de Apelaciones del Tribunal Penal Especial decidiera este mes de mayo confirmar las sentencias dictadas en junio de 2016.

"El aumento de las penas de muerte contra los chiíes saudíes es alarmante y sugiere que las autoridades están utilizando la pena de muerte para ajustar cuentas y aplacar la disidencia bajo el pretexto de combatir el terrorismo y mantener la seguridad nacional", ha denunciado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Próximo de HRW.

El 25 de mayo, las familias de tres de los acusados conocieron la confirmación de la sentencias del Tribunal de Apelación de la Corte Penal Especial por vía telefónica. Tres días más tarde eran los familiares de otros dos acusados los que se ponían en contacto con el Tribunal, que les confirmaba el rechazo de la apelación de los 14 acusados. Según han denunciado en el comunicado las ONG, la fecha de la sentencia se desconoce.

Los documentos muestran que todos los acusados, incluidos los 14 sentenciados a muerte, han permanecido en prisión preventiva durante más de dos años antes del comienzo del juicio. Durante este tiempo, la mayoría de los detenidos estaban aislados, y las autoridades saudíes les han denegado el contacto tanto con sus familiares como con sus abogados mientras estaban siendo interrogados.

Desde 2013, AI y HRW han registrado el preocupante incremento en Arabia Saudí de las sentencias de muerte contra disidentes políticos, incluidas las que se emiten contra los chiíes, que conforman el 10 o 15 por ciento de la población. Las ONG han informado de que al menos 38 miembros de la comunidad chií están sentenciados a muerte. Las autoridades de Arabia Saudí acusan a estos individuos de llevar a cabo actividades que suponen un riesgo para la seguridad nacional y los han sentenciado a muerte aplicando un proceso legal profundamente defectuoso, han denunciado ambas organizaciones.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han obtenido y analizado el texto de 10 de las sentencias, de las 38 existentes contra chiíes, dictadas por la Corte Criminal Especial entre 2013 y 2016. La mayoría son contra hombres y menores acusados por participar en manifestaciones en 2011 y 2012.

"CONFESIONES COERCITIVAS"

"Los falsos procedimientos judiciales de los que surgieron estas condenas a muerte a 38 hombres chiíes incumplen descaradamente los estándares internacionales de juicios justos", ha asegurado la directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo, Lynn Maalouf, quien ha añadido que "las sentencias deben ser anuladas de inmediato".

En casi todos los textos analizados los acusados se retractaron de sus "confesiones", diciendo que habían sido coaccionados en circunstancias que, en algunos casos, podrían considerarse tortura, con golpes y aislamiento prolongado. El Tribunal rechazó esta posibilidad y no investigó las reclamaciones, en las que se solicitaba a los jueces el visionado de las imágenes del interior de la prisión.

Otros acusados pidieron al tribunal que convocara a los agentes encargados de los interrogatorios como testigos, para conocer el procedimiento a través del que se obtuvieron las confesiones. En todos los casos los jueces ignoraron estas solicitudes.

Los jueces han admitido estas confesiones como pruebas, y ambas ONG están convencidas de que las condenas se basan casi exclusivamente en estas falsas confesiones". "Las sentencias de muerte basadas en 'confesiones coercitivas' violan los Derechos Humanos y son un resultado repugnante pero demasiado común en Arabia Saudí", ha asegurado Maalouf, quien ha añadido que "estos juicios no cumplen con los requisitos más básicos del proceso".

Tanto Amnistía Internacional como HRW se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, considerando que este tipo de sentencias son el último castigo cruel, inhumano y degradante. Están plagadas de arbitrariedad, prejuicios y errores.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han declarado que, en espera de la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones y eliminar las disposiciones sobre la pena capital que violen la legislación internacional sobre Derechos Humanos.

Arabia Saudí es uno de los países que más órdenes de ejecución emite. Más de 400 personas han sido condenadas a muerte y ejecutadas desde principios de 2014, la mayoría de ellas por delitos no violentos relacionados con las drogas o la hechicería.