Todos los vocales del CGPJ menos una piden que la Generalitat anule la comisión que pretende tutelar jueces tras el 1-O

Con excepción de Sáez, que ha votado en blanco, todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces, reunidos este jueves en Pleno, califican de "infundada, injustificada y ofensiva la sombra de sospecha sobre la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales" que vierte el acuerdo del Gobierno de Carles Puigdemont con respecto a la investigación y, en su caso, enjuiciamiento de tales hechos.

Por todo ello, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a que deje sin efecto el citado acuerdo y "se restablezca la confianza de las instituciones y de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales".

Con esta declaración, el CGPJ se hace eco de la "profunda preocupación que ha causado entre los miembros del Poder Judicial el Acuerdo Gov/138/2017, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, por el que se crea la denominada Comisión Especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.

Este órgano constitucional entiende que la creación de dicha comisión supone "una grave interferencia" en la labor de los jueces y tribunales que están conociendo o puedan conocer de los hechos que se propone investigar en la que no pueden ser inquietados por otros poderes públicos sin quiebra de la independencia que exige el principio de separación de poderes.

APOYO A LOS JUECES EN CATALUÑA

Además, el Consejo todo su apoyo a todos los miembros de la Carrera Judicial "que cumplen su labor constitucional en Cataluña y que contribuyen con su trabajo diario al mantenimiento del Estado de Derecho, garantizando los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

El requerimiento del CGPJ tiene carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado.

La semana pasada la Comisión Permanente del Consejo General acordó poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las actuaciones de la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña creada por la Generalitat que puedan suponer supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito.