Los casi 7.000 trabajadores públicos en el exterior, llamados hoy a la huelga tras ocho años de congelación salarial

El personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, casi 7.000 personas según estimaciones de los sindicatos, está llamado este lunes a secundar un paro mundial para reclamar subidas salariales después de ocho años de congelación.

La huelga, convocada por CSIF, CCOO y UGT, afecta al personal no funcionario de embajadas, consulados y otros organismos estatales, incluidos el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), las consejerías de Empleo o el Instituto Español de Comercio Exterior o la Tesorería de la Seguridad Social.

Los sindicatos ya habían amenazado antes del verano con un paro mundial, tras varias huelgas en distintas oficinas, si Gobierno no atendía sus peticiones y, según dicen, no han recibido ninguna respuesta del Gobierno desde el pasado 20 de junio, día en que se convocó la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior y los Ministerios de Exteriores y Hacienda se comprometieron a evaluar sus necesidades.

Para este lunes, el Ministerio de Exteriores --del que dependen alrededor de un 40 por ciento de los llamados a la huelga-- ha fijado unos servicios mínimos del 25 por ciento en sus dependencias.

La lista de reclamaciones es larga, pero la más acuciante es una subida salarial para 2017 del 25 por ciento como promedio, en unos salarios que están congelados desde 2009, y subidas adicionales del 10 por ciento en 2018 y 2019.

El agravante, recalcan los sindicatos, es que en muchos países la inflación es galopante y sumada a las fluctuaciones cambiarias ha hecho que hayan perdido un 40 por ciento de poder adquisitivo, o hasta el 65 por ciento en el caso de los trabajadores de las oficinas técnicas de cooperación.

LA PRIMERA, ARGENTINA

Los primeros en ponerse en huelga fueron, en primavera, los trabajadores españoles en Argentina, el país con la mayor colonia española --400.000 personas-- y con unos 200 contratados laborales, y la situación llamó la atención de los parlamentarios de la oposición.

"En España no hay la aberración de inflación que tenemos en Argentina", explica a Europa Press una trabajadora del consulado en Buenos Aires. "El 1 de octubre mi alquiler subió un 45 por ciento y los suministros básicos han subido un 400 por ciento en los últimos tiempos", se lamenta. Hay lugares donde el sueldo no da para alquilar una vivienda en una zona segura: "En Tanzania una de nuestras afiliadas ha sido asaltada tres veces yendo a trabajar", denunciaba CSIF en una rueda de prensa en septiembre.

En respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Fernando Maura, el Gobierno explica la situación de estos trabajadores y añade que, aunque es cierto que a estos trabajadores no se les ha subido el sueldo en ocho años, a diferencia de lo que ocurrió con los funcionarios, a este colectivo tampoco se le ha bajado. "No ha habido revisiones salariales generales en los últimos 8 años ni al alza ni a la baja", dice el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora, sin embargo, el personal funcionario sí ha empezado a tener algunas subidas, igual que los que trabajan en España, pero no este colectivo que, además, carece de representación sindical.

La situación es también extrema en Sidney (Australia), donde, desde el pasado mes de julio algunos sueldos no llegan ni al salario mínimo local, aunque este caso, la Administración asegura que está tramitando la correspondiente subida anual, explican fuentes de Exteriores. Los trabajadores del consulado hicieron 35 días de huelga en junio y julio y preparan otra en noviembre si no se atienden sus reivindicaciones.

Estos ocho trabajadores han logrado el apoyo del Defensor del Pueblo, que se ha interesado por su caso en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. En Australia, dicen, la inflación acumulada desde 2009 es del 20 por ciento y los sueldos han subido un 25 por ciento y un 36,4 por ciento en el sector público.

Los sindicatos pretenden también que la presión ejercida sirva para abrir una negociación que solucione el "caos salarial" y ordene los puestos de trabajo y los sueldos por categorías y zonas geográficas. De hecho, una de las quejas de los trabajadores de Sidney es que sus colegas de Canberra cobran sueldos hasta 10.000 euros más altos teniendo la misma categoría.

Actualmente, la ley solo dice que "el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específica de cada país". Así consta en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Según estimaciones sindicales, un 60 por ciento de los afectados son españoles y el resto locales de cada país.

TRABAJADORES DE LA AECID

Desde el pasado junio, embajadas, consulados y oficinas en Suecia, Finlandia, Nicaragua o Australia han sido también escenario de huelgas, y también lo hicieron los trabajadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que reclaman que se les apliquen medidas para compensar la inflación o las fluctuaciones cambiarias que sí tienen tipificados otros colectivos.

En este caso, sus representantes denunciaron el pasado septiembre que la AECID ha pasado a tener los sueldos más bajos entre las oficinas de cooperación y a ello se suma los recortes que se implantaron hace cinco años para trabajadores y también para funcionarios, entre ellos el dejar de tener derecho a un billete de avión al año para viajar a España o el fin de los gastos de instalación.

El pasado septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó en el Senado que espera que el presupuesto de la AECID pueda mejorar algo el año que viene, y que está trabajando con el Ministerio de Hacienda "para que en la medida en que las circunstancias lo permitan esos derechos puedan ser restaurados". No obstante, por el momento no habrá nuevos Presupuestos para 2018, sino que el Gobierno ha prorrogado los de 2017.