Dos testaferros de Alavedra aceptan la condena de medio año de cárcel tras el acuerdo alcanzado con la Fiscal

Los acusados en la trama Pretoria Philip MacMahan y Gloria Torres, presuntos testaferros del exconseller de economía catalán Macià Alavedra, han aceptado ante el tribunal de la Audiencia Nacional la condena de medio año de cárcel para cada uno tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal, que les considera partícipes de la red de corrupción que operó en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Los dos acusados, que se han negado a hacer uso del último turno de palabra, han reconocido los hechos que les imputa el Ministerio Público constitutivos de delito de blanqueo de capitales y aceptan la multa, en el caso de MacMahan de 2.606.206,34 euros y en el caso de Torres de 315.000 euros, evitando así tener que comparecer en el resto de sesiones del juicio que ha arrancado este lunes en San Fernando de Henares.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la trama ha aceptado el acuerdo anunciado al comienzo de la vista por la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que pedía inicialmente tres años y medio de prisión para MacMahan y dos y medio para Torres; esta última investigada por ser titular de una cuenta bancaria de Alavedra. Este último también ha alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio Público, que esperará a escuchar su declaración como investigado para rebajar la petición de seis años y diez meses de prisión.

Tanto Alavedra como Lluis Prenafeta, exsecretario de Presidència, son los dos principales acusados de esta trama que se desarrolló entre los años 2000 y 2009 y con la que planificaron y ejecutaron "el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de Lo Penal ha desestimado la petición de las defensas de que sea la Audiencia Provincial de Barcelona laque juzgue a los once acusados de la trama tras ocho años de instrucción que comenzó el exmagistrado Baltasar Garzón en 2009. La fiscal ha expuesto al respecto que la competente es la Audiencia Nacional porque los encausados cometieron delito de blanqueo de capitales fuera del territorio nacional.

También ha acordado la validez de las conversaciones telefónicas grabadas a algunos de los acusados, como la que mantuvo Alavedra con los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas en 2009. La magistrada Concepción Espejel ha dicho que el control de las mismas se ajusta a los criterios judiciales establecidos desestimando la petición de las defensas que han argumentado quebranto de derechos fundamentales.

El tribunal sí ha aceptado que se una al caso las declaraciones tributarias de Prenafeta, petición planteada previamente por su representación procesal que ha denunciado que se produjo indefensión tanto hacia Prenafeta como su mujer -también investigada en la causa-- por no haber sido informados de que se le imputaba un delito de blanqueo de capitales por defraudar las cuotas tributarias del IRPF de los ejercicios 2001-2003.

Entre los encausados se encuentra el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias 'Luigi', que se enfrenta a ocho años de cárcel además del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartolomé Muñoz, de los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel) y Manuel Carrillo (3 años); el presunto testaferro Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel) y de Manuel Dobarco Touriño.

El tribunal juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama bajo la que llevaron a cabo la 'operación Pallaresa' en Santa Coloma de Gramenet; la 'operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres, y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona.

Tras esta primera vista destinada a cuestiones previas, el juicio se reanudará mañana con la declaración de los acusados a los que el Ministerio Fiscal atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.