Los representantes de Cristiano Ronaldo defienden la legalidad de la sociedad que gestionó sus derechos de imagen

En un comunicado remitido a Europa Press, Gestifute ha respondido a la denuncia que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado este martes contra el futbolista portugués por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.

Según la compañía de Jorge Mendes, la sociedad Tollin, propiedad de Cristiano Ronaldo, fue creada en 2004 cuando el futbolista fichó por el Manchester United, y cuando en 2009 es traspasado al Real Madrid "mantiene la estructura especial" con la que gestionaba las rentas generadas por sus derechos de imagen en el Reino Unido, "donde jamás tuvo problema alguno".

Además, Gestifute asegura que Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid bajo la Ley de Impatriados, por lo que "tributa sólo por las rentas atribuibles a España", y calificó sus rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen como rendimientos del capital mobiliario no para evadir impuestos, sino porque tienen esta consideración según esta ley.

La compañía que representa al jugador del Real Madrid afirma que Ronaldo declaró a la Hacienda pública española "el 100% de la parte imputable a España de los ingresos de Tollin y sus derechos de imagen durante los períodos 2009-2014 y 2015-2020, valorándola de acuerdo con los criterios que fijó la Hacienda del Reino Unido para determinar qué parte de los ingresos por cesión de imagen se originó en aquel país, lo que pone de manifiesto que no había intención de defraudar".

En ese sentido, Gestifute defiende que Cristiano Ronaldo "no ocultó nada" y "declaró de manera voluntaria sus bienes en el extranjero" pese a no estar obligado a hacerlo y "tan pronto como fue requerido por la Agencia Tributaria". Por esa razón, los abogados del futbolita consideran que "sean cuales sean las soluciones para este caso así como sus consecuencias deben circunscribirse al ámbito administrativo y no al penal".

Según estos abogados "la principal discrepancia entre lo ingresado y lo que reclama la Fiscalía proviene de que cuantifica de forma distinta la parte de los ingresos por cesión de imagen obtenida en España" por lo que "podrá discutirse el importe, pero es claro que el jugador no intentó evadir impuestos", explica Gestifute en el comunicado.

Más allá de esa discrepancia con la Fiscalía, los abogados del portugués sostienen que pagó el impuesto por los derechos de imagen del futbolista entre los años 2011 y 2013 cuando cobró esas rentas. "Si hubiese declarado en cada año con los criterios de valoración que sus asesores consideraban correctos, con base en la experiencia inglesa, hubiera pagado casi 300.000 euros menos de lo que finalmente pagó", aseguran desde la compañía de Jorge Mendes.