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Gallardón niega que la prisión permanente revisable sea "inhumana o populista"

Alberto Ruiz Gallardóncuatro.com

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado que su reforma del Código Penal conlleve un endurecimiento de las penas e incluya figuras "inhumanas" o "populistas". En este sentido, ha defendido la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable y ha recordado que constituyó un "compromiso" electoral del Partido Popular. El nuevo Código Penal introduce la prisión permanente revisable para los asesinatos más graves, entre ellos los de menores de 16 años o los cometidos por terroristas y amplía los casos en los que podrá aplicarse la libertad vigilada que, hasta ahora, solo se imponía en delitos sexuales.

En el Pleno del Congreso de los Diputados, el titular de Justicia ha defendido este proyecto de ley frente a las enmiendas de totalidad planteadas por el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC, Compromís-Equo, CC, Amaiur, BNG, quienes coinciden en su crítica contra una de sus 'medida estrella', como es la prisión permanente revisable al considerarla "degradante" y perseguir un "claro objetivo electoral".
Gallardón ha defendido el rigor y la constitucionalidad que ha presidido su reforma del Código Penal, avalada por los informes del Consejo de Estudio, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyas sugerencias se acogieron en el proyecto.
Ha asegurado que se equivocan quienes creen que es la actualidad y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulando la 'doctrina Parot' las que han impulsado esta reforma. "Este compromiso lo asumimos en el programa electoral", ha recordado.
Pese a enfatizar que "el mero paso del tiempo no garantiza la reinserción", Gallardón ha asegurado que, con todo, este texto desarrolla una "reinserción real, constatable y con garantías" al permitir a los jueces -- una vez cumplida una parte mínima de la condena-- revisar la situación personal del condenado y estudiar si constituye una amenaza para la sociedad.
"Negar que tiene un carácter democrático sería tanto como decir que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza o Dinamarca no son países democráticos porque aplican figuras semejantes para un mayor número de delitos", ha expuesto.
En este contexto, Gallardón ha mostrado su "preocupación" cuando los grupos vierten una "grave acusación" como tachar de "inhumana" la prisión permanente revisable ya que "ignoran" que fue avalada por el Tribunal de Estrasburgo.
El ministro ha añadido que en la actualidad no existe esta revisión periódica ni para penas máximas de hasta 40 años, ni en casos de acumulaciones de condenas. "Lo que determina la inhumanidad de una pena es su falta de horizonte de libertad", ha agregado.
A su entender, es necesario que la sociedad española tenga la confianza de que habrá un reproche suficiente y justo hacia quienes atenten contra la convivencia. "Son las víctimas las que han sufrido en nuestro país un dolor perpetuo y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para corregir esa injusticia", ha dicho, para pedir a los grupos que reconsideren el "grave" error de denominar esta pena como "cadena perpetua".
El ministro ha recordado que el proyecto de ley, aprobado el pasado 20 de septiembre en el Consejo de Ministros, reserva la imposición de la prisión permanente revisable a los casos más graves y puede ser revisada tras un periodo de cumplimiento de entre 25 y 35 años en la cárcel.
Esta pena se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad con homicidio. Además se reserva para casos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos que hayan sido cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.
En su defensa, Gallardón también ha apostado por defender la ampliación de la libertad vigilada, negando que tenga una duración "ilimitada" y explicar que contará con un plazo mínimo de tres años y un máximo de cinco años, prorrogables.
Tras recordar que hasta ahora se aplicaba a delitos sexuales, ahora se amplía a determinados supuestos de prostitución y corrupción de menores o incumplimientos relevantes de las medidas de seguridad. Gallardón ha concluido que el juez de vigilancia penitenciaria podrá decidir periódicamente si mantiene o altera esta medida de seguridad en virtud de las condiciones de peligrosidad.