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La oposición emplaza esta semana a Santamaría a hablar en el Congreso de sus vetos, memoria histórica y aforados

La oposición pretende formular el próximo miércoles hasta cuatro preguntas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la última sesión de control del año en el Congreso, a la que no podrá asistir el presidente Mariano Rajoy por tener que presidir en el Consejo de Seguridad de la ONU --que España asumió a principios del presente mes-- un debate sobre la trata de personas.
En concreto, son PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV los que quieren que Santamaría se pronuncie sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria, los vetos del Gobierno a diversas iniciativas de la oposición, y la reducción de aforados políticos.
Así, el PSOE y PNV retarán a la vicepresidenta a que el Gobierno adquiera el compromiso de cumplir en su integridad la Ley de Memoria Histórica, una norma impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Congreso aprobó hace nueve años con el voto en contra del PP. "¿Tiene intención de recuperar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?", reza la pregunta que tiene previsto formularle la portavoz adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez.
De su lado, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, pretende que la 'número dos' del Gobierno le explique "cómo piensa garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo".
En nombre de Unidos Podemos, la diputada Carolina Bescansa llevará a la sesión plenaria del miércoles el debate sobre la decisión del Gobierno de paralizar la tramitación de diversas iniciativas planteadas por la oposición desde el inicio de la legislatura.
LA EXCEPCIONALIDAD DE LOS VETOS
El Gobierno tiene competencia para poder vetar aquellas iniciativas que supongan una merma de los ingresos o incremento de los gastos de los Presupuestos en curso o la previsión futura y, dado que ya ha vetado 16 proposiciones de ley en esta etapa, Bescansa quiere que la vicepresidenta le especifique si "van a convertir un acto excepcional del Gobierno en una regla que secuestra la función legislativa de la Cámara".
El Ejecutivo esgrime que esas 16 iniciativas vetadas supondrían una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y, por tanto, pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.
La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, consiguió levantar los vetos relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a la modificación de Estatuto de Trabajadores para mejorar las condiciones laborales en las subcontratas, un asunto éste que precisamente el PSOE llevará al Pleno del próximo martes.
Ello llevó al Gobierno a pedir al órgano de gobierno de la Cámara a que reconsiderara su decisión, pero en su reunión del pasado martes, la Mesa, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, se ratificó en su decisión inicial de levantar el veto del Gobierno a esas dos iniciativas legislativas.
Ahora todo apunta a que el Gobierno cumplirá su amenaza de interponer un nuevo conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional, que ya tiene pendiente de sentencia el que presentó la Cámara Baja contra el Ejecutivo por negarse al control parlamentario mientras estaba en funciones.
Por último, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene registrada una pregunta para que la vicepresidenta explique cómo piensa impulsar el Ejecutivo la "reforma constitucional exprés" que, según la formación naranja, habrá que llevar a cabo para eliminar los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.
LOS AFORADOS, EN MARZO COMO MUY TARDE
La idea de Rivera es recordar a la vicepresidenta que se trata de uno de los compromisos que el PP suscribió con C's en el acuerdo de agosto por el que este partido aceptó apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
La supresión de los aforamientos políticos era una de las exigencias del pacto anticorrupción que Ciudadanos hizo firmar al PP para empezar a negociar la investidura, y todas ellas debían tramitarse en los primeros tres meses de gobierno.
Según explicó a Europa Press la semana pasada el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la reforma parcial de la Carta Magna debería iniciarse en febrero y estar lista ese mismo mes o en marzo. "No tendría por qué tardar más de esos meses y si no, es que no sale esa reforma", dijo, recordando que el artículo 135 se modificó en 2011 en solo quince días.