La oposición acepta tramitar en el Congreso la ley de Compromís contra partidos beneficiados con financiación ilegal

La oposición ha respaldado este martes la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de Compromís de reforma del Código Penal para que los partidos que se beneficien de una financiación ilegal puedan ser suspendidos temporalmente de actividad, se les prohíba recibir subvenciones o incluso puedan ser disueltos. El PP se ha quejado de que los demás grupos van en su contra con formas "reprobables" que, a su juicio, "aterrorizan" a los profesionales de la Justicia.

Con esta reforma, defendida por el diputado Enri Bataller, Compromís pretende cubrir el "vacío legal" que, a su juicio, existe actualmente en la legislación española, pues permite castigar de forma individual a quien participe en estructuras de financiación ilegal, pero no a los partidos, como personas jurídicas, que las montan o se benefician de ella.

En concreto, recuerdan que el artículo 304 persigue a quien "participe en estructuras u organizaciones", cualquiera que sea su naturaleza, "cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley", pero que los jueces y tribunales no pueden imponer la disolución del partido político que eventualmente pudiese "haber promovido la financiación ilegal o haberse beneficiado de ella".

TRANQUILOS, QUE NO ES RETROACTIVA

Ahí se ha dirigido al PP para pedirle "tranquilidad" subrayando que su reforma "no es retroactiva". A su juicio, los 'populares' "se están quedando "arrinconados" sosteniendo que todo son "casos aislados", cuando lo que existe es "un entramado de corrupción para financiarse".

La reforma ha contado con el respaldo expreso de Esquerra (ERC) y de Unidos Podemos, cuyo secretario general, Txema Guijarro, ha enfocado el debate en la responsabilidad del PP por sus casos de corrupción: "La dimisión del presidente o de algunos de sus ministros ni está se e les espera --ha dicho--. No han entendido nada de responsabilidad política".

También el PSOE se ha mostrado a favor de endurecer las penas, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, aunque apoyará la tramitación, ha dicho no entender por qué Compromís no ha esperado a que la subcomisión de Calidad Democrática haga propuestas de consenso.

En lo mismo ha incidido el portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, quien cree que la presentación unilateral de esta reforma no responde al momento oportuno. "Hay una comisión y una subcomisión para acometer esas reformas, no pongamos el carro delante de los bueyes", ha comentado.

POLICÍA Y JUEZ AL MISMO TIEMPO

Frente a todos ellos, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha remarcado que la financiación ilegal de la que se acusa a su partido es "presunta" y se ha quejado de que la oposición quiera ser al mismo tiempo "policía, fiscal, instructor y juez que dicta sentencia firme al tiempo". "Y eso es una forma reprobable de hacer política", ha dicho.

A su juicio, los demás grupos siguen la filosofía de que el fin justifica los medios y les da igual que los indicios queden en nada porque para ellos "lo importante es la sentencia y luego buscan argumentos". "Van contra el PP y su presidente --ha remachado--. Los profesionales de la Justicia les miran aterrados".