El operativo contra el 1-O deja un balance de 14 detenidos, 41 registros y 9,8 millones de papeletas intervenidas

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha acordado un total de 41 registros en el marco de la investigación abierta el pasado febrero por posibles preparativos del referéndum, seis de ellos en despachos de personas investigadas en sedes oficiales de la Generalitat. El magistrado también ha ordenado registros en tres empresas de Barcelona y en domicilios particulares.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa, que sigue secreta, está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y son una veintena las personas que tienen la condición de investigadas. En las distintas sedes de la Generalitat, el registro se limita a los despachos de personas que tienen condición de investigadas dentro de la causa.

El dispositivo policial ha incluido un registro en una nave localizada en el polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona), donde se ha procedido a la intervención de 9.894.350 papeletas de votación, según ha informado el Ministerio del Interior.

Fuentes cercanas al dispositivo policial consultadas por Europa Press destacan la importancia de la incautación de este material, ya que es la práctica totalidad de las papeletas con las que la Generalitat había previsto celebrar el referéndum.

En esta misma nave, la Guardia Civil también ha intervenido carteles con la leyenda 'Local electoral', actas de listas numeradas de votantes con la inscripción 'Referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017', actas de sesión de escrutinio y actas de constitución de mesa, entre otros formularios.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría de Información se han incautado de propaganda del 1-O junto a la sede de la CUP en la sede central de Barcelona. Tras requisar el material del interior de dos vehículos, se han vivido momentos de tensión ante un grupo de concentrados que protestaban por la intervención policial.

Este martes, el instituto armado intervino 45.000 sobres nominales (el 80% del total) para la constitución de las mesas electorales del 1-O en los registros que llevó a cabo en diferentes sedes de la empresa de mensajería Unipost. Hasta ahora la Guardia Civil ha bloqueado 32 páginas web y también ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos proreferéndum, todo ello en funciones de policía judicial.

NÚCLEO DURO DEL EQUIPO ORGANIZADOR

Los detenidos este miércoles son en gran parte los altos cargos encargados del comité organizador del referéndum formado el pasado 14 de julio, cuando la Generalitat acometió una profunda remodelación del Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont.

Entre los arrestados se encuentran Josep Maria Jové, Josep Maria Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez, todos ellos altos cargos de de la Consejería de Economía y Hacienda; David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales, perteneciente a la Consejería de Bienestar y Josue Sallent Rivas y David Franco Marcos, ambos altos cargos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

También hay otros dos arrestados, Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de papeletas con el 'Sí/No' en la nave de Bigues i Riells (Barcelona) a la que esta mañana se ha desplazado su propietario, el empresario Pau Furriol Fornells, en compañía del secretario judicial y de agentes de la Guardia Civil.

Otra de los arrestos se ha practicado en Madrid, donde la Guardia Civil ha detenido a Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio de la empresa T-System. Los trabajadores de esta compañía han explicado que se han precintado dispositivos informáticos sospechosos de haber tenido relación con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat.

La investigación del Juzgado número 13 de Barcelona arrancó por dos denuncias, una de ellas del Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus polémicas declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

Hasta ahora se investigaba en esta causa el propio Vidal; el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó.