Las medidas anticorrupción de Rajoy

LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Respecto al proyecto de ley que regula la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que modifica tanto las leyes de Partidos y de su Financiación como la del Tribunal de Cuentas, ha recordado que su redacción inicial ya incluía la prohibición de donaciones a los partidos por parte de empresas (personas jurídicas), y de las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda, así como la obligación de hacer públicas las cuentas anuales.

Pero ha anunciado dos enmiendas más para limitar las donaciones de particulares (personas físicas) para que no superen los 50.000 euros anuales (ahora están en 100.00 al año) y para obligar a publicar y de comunicar al Tribunal de Cuentas toda aportación de más de 25.000 euros. "La vida pública debe hacerse en la plaza pública", ha proclamado.

Partido democráticos, con o sin primarias

Además, ha avanzado también más cambios en lo relativo al funcionamiento de los partidos para exigir "patrones éticos y democráticos". En este sentido, se obligará a los partidos a renovar sus órganos de dirección como máximo cada cuatro años, una renovación que cada formación hará de forma "democrática" con participación de sus militantes; eso sí, Rajoy no impone primarias, sino que dejará que los partidos se organicen "como crean conveniente".

Igualmente, se exigirá a los militantes unas "obligaciones de conducta" que incluirán la expulsión en caso de ser condenado y la suspensión automática de militancia en caso de que se abra juicio oral por asuntos que conllevarían inhabilitación.

Paralelamente, se extenderán a todos los partidos la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, y no sólo aquellos que consiguen representación parlamentaria o que reciben subvenciones de alguna administración.

Los 4.200 partidos deberán adaptarse

Los 4.200 partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior habrán de adaptar sus estatutos a la nueva legislación y quien no cumpla estas normas, según ha proclamado Rajoy "podrá ser extinguido".

Los objetivos de estas medidas --ha añadido-- no se limitan a garantizar el principio de que "quien la hace, la paga", sino que también se pretende endurecer las penas de tal manera que los corruptos "se lo piensen diez veces" y agilizar la aplicación de la Justicia agilizar

Pero también busca que la corrupción no se produzca porque se hayan eliminado sus oportunidades. "La osadía crece donde no hay obstáculos", ha resumido.

LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE AL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Certificado tributario para acceder a un cargo público

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que a partir de ahora será "imprescindible" presentar un certificado sobre la situación tributaria para poder acceder a un cargo público de responsabilidad, es decir, que esté al corriente en el pago de sus impuestos.

Esta norma, según ha explicado, lo que busca es impulsar un verdadero estatuto del alto cargo, clarificar sus obligaciones y determinar los controles a los que debe someterse quienes van a ejercer tareas de responsabilidad en la Administración.

Biene públicos al inicio y final del mandanto

Dicho estatuto recoge un catálogo de requisitos, como la exigencia de una declaración responsable en el momento de su designación y la carencia de antecedentes penales, una regulación "más estricta" y un control "más escrupuloso" sobre sus retribuciones y bienes.

A este respecto, el presidente ha dicho que las retribuciones de los altos cargos serán "totalmente públicas" con la entrada en vigor de la conocida como Ley de Transparencia; que sus gastos de representación estarán mejor regulados y que no se utilizarán tarjetas de crédito para abonarlos; y que sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas al inicio y al final de su cargo.

Reforzar la oficina de conflicto de intereses

Asimismo, ha destacado que la citada Ley contempla un refuerzo del control de incompatibilidades y de la correspondiente Oficina que, según ha señalado, deberá colaborar con otros organismos para realizar las comprobaciones pertinentes e informar semestralmente al Congreso sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y de la publicidad de sus declaraciones de bienes.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Entre las modificaciones que su Ejecutivo quiere introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la lucha contra la corrupción se encuentra una que persigue que el delincuente esté obligado a devolver los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido, agilizar los macroprocesos y fijar un plazo máximo para la instrucción.

Financianción ilegal de los partidos, delito específico

Respecto al Código Penal, ha confirmado que "por primera vez en democracia" se incluirá la financiación ilegal de los partidos como un delito específico y ha garantizado que se agravarán las penas de inhabilitación y que, para mejorar la respuesta contra la corrupción, aumentarán los plazos de prescripción.

Justicia para todos y a tiempo

Por ello, el jefe del Ejecutivo ha apuntado que es necesario que, además de llegar "a todos por igual", la Justicia lo haga "a tiempo" con el fin de que no represente "ni una condena anticipada ni una forma de impunidad".

En este sentido, ha puesto de relieve que el Gobierno pretende introducir algunas reformas en la Ley de Enjuciamiento Criminal para agilizar los macroprocesos para evitar que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, y fijar un plazo máximo para la instrucción haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación.

Pero, además, ha abogado por que a partir de ahora haya una pronta recuperación de todos los bienes con los que el delincuente esté obligado a devolver. "La sociedad merece, no sólo ver cómo se castiga a los corruptos", sino también la inmediata reparación del daño económico que sus actividades produce", ha apostillado.

Más plazas de jueces y fiscales

En este punto, ha anunciado la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 o la dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías, una medida esta última que ha avanzado que aprobará este mismo viernes el Consejo de Ministros.