El juicio de las 'Black' encara su fase final con los informes de las partes

El juicio de la Audiencia Nacional que sienta en el banquillo a un total de 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia por el uso presuntamente fraudulento de sus tarjetas 'black' afronta este lunes su fase final con la exposición de conclusiones por parte de la Fiscalía, las acusaciones y las defensas.

El primero en exponer su informe será previsiblemente el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ya en las primeras sesiones dedicadas a cuestiones previas plasmó que existía relación entre la práctica de estas visas --a las que se cargaron un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012--- y el rescate a Bankia en 2012, del que llegó a decir que había supuesto un "funeral" para todos los españoles.

El representante del Ministerio Público ya recalcó en su escrito de acusación que con este modelo de visas opacas se consagró "una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal" y por ello ha defendido la legitimidad de la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri y del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) para ejercer la acusación particular.

En su escrito de conclusiones provisionales solicitó para los 65 encausados --a los que se les imputa delito continuado de apropiación indebida y administración desleal-- penas que van desde uno y medio a seis años de prisión como la que pide para el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, y que cargó a su plástico un total de 436.688 euros.

REPARACIÓN DEL DAÑO

No obstante es previsible que el representante del Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones finales y añada el atenuante de reparación de daño a los altos cargos que devolvieron las cantidades cargadas a sus 'black' antes del arranque del juicio, como ya hizo con once exdirectivos, entre ellos el exdirector de Medios de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, o el exconsejero de Bankia Fernández Norniella.

Con el fin de rebajar su eventual condena, cerca de unos cuarenta exaltos directivos --entre ellos Miguel Blesa-- entregaron entre julio y septiembre las cantidades gastadas. En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a finales de julio un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12,5 que gastaron.

La del lunes es la décimosexta vista de un juicio que ha tenido una fuerte repercusión mediática y que se reanuda después de la última vista del pasado 18 de noviembre dedicada a periciales. En estas sesiones el tribunal que preside Ángela Murillo ha centrado el foco en averiguar la naturaleza de las tarjetas, nacidas bajo un acuerdo del Consejo de Administración el 24 de mayo de 1988.

NATURALEZA DE LAS VISAS

Mientras las acusaciones particulares --Bankia, Frob y BFA-- y las populares -Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y Confederación General del Trabajo (CGT)-- intentan demostrar que las visas nacidas bajo la presidencia de Jaime Terceiro eran únicamente para cubrir gastos de representación, las defensas alegan que la recibieron sin necesidad de justificar los gastos y entendidas por tanto como complemento retributivo.

Por ello cuando llegue su turno de palabra, es previsible que Bankia recurra a la prueba pericial estrella presentada ante la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal consistente en una hoja Excel que incluye el desglose de los gastos efectuados por los encausados y que se destinó principalmente a la compra de joyas, ropa, artículos de lujo y viajes, entre otros aspectos.

Durante su declaración ante el tribunal en calidad de testigo, el director corporativo de auditoría de la entidad nacionalidada, Iñaki Azaola, negó que se hubieran manipulado los datos publicados en la famosa hoja Excel en respuesta al rechazo unísono que hicieron los beneficiarios de las tarjetas de esta prueba a la que restaron validez alegando que se les imputaban cargos que no habían efectuado.

Entre dichos beneficiarios de las 'black' destacan los sucesores de Terceiro al frente de la Caja, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, además de una nutrida representación de políticos, y de líderes sindicales y la patronal a los que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo les juzga por un uso presuntamente fraudulento de sus tarjetas.