La jubilación de Villarejo alivia a una cúpula policial expectante ante la 'guerra de comisarios' en los tribunales

La jubilación esta semana del comisario José Manuel Villarejo, un veterano agente con una hoja de servicios tan amplia como polémica, ha sido acogida con alivio por la cúpula policial a pesar de que aún mira con preocupación a la 'guerra de comisarios' que se dirime en los tribunales, y que se teme que pueda tener su traslación al Congreso de los Diputados.

La retirada de la primera línea de Villarejo, que está siendo investigado en el juzgado de instrucción 2 de Plaza de Castilla por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del 'Pequeño Nicolás', se une a otras de relevantes mandos de la Policía como el exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino o el exresponsable de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio, en ambos casos hombres de la máxima confianza del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

Con la jubilación de Villarejo este 4 de agosto y de otros altos mandos que, como él, han cumplido -- o están a punto-- los 65 años que marca la ley para dejar la Policía, el estamento policial espera cerrar una etapa en la que son conscientes de que se ha vivido una "progresiva politización" que ha afectado a su imagen de profesionalidad, han reconocido a Europa Press fuentes policiales, que lamentan la circulación de informes extrajudiciales y la creación de bandos.

A estas jubilaciones se suma la esperanza de abrir una nueva etapa cuando se forme Gobierno aunque la mayoría de los sindicatos policiales mantienen su escepticismo atendiendo a la asignación de comisarios principales y la "excesiva opacidad" en la elección de la escala superior, ya que consideran que debe ser elegida por criterios "estrictamente profesionales".

La sombra de Villarejo se proyecta sobre las idas y venidas entre su servicio público como "agente encubierto", según su propia definición, y sus actividades privadas. El juez Arturo Zamarriego, que instruye el 'caso Nicolay', reclamó a la Dirección General de la Policía que le informara sobre si este comisario se encuentra "en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha".

En 2015, 'El País' desveló que se había granjeado una fortuna gracias a sus participaciones en doce sociedades con un capital de al menos 16 millones de euros, lo que derivó en una investigación sobre una posible incompatibilidad con el régimen disciplinario.

Poco después se filtró a la prensa una grabación de un encuentro con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con quien trató sobre cuestiones relacionadas con un ático que disfrutaba este dirigente del PP en Estepona (Málaga). El nombre de Villarejo también apareció en la disputa judicial entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid.

Defendido por diferentes gobiernos, Villarejo ha contado también con el respaldo público de Fernández Díaz, que se mostró convencido de que actuaba de acuerdo a la legalidad. "El comisario Villarejo ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento", subrayó el ministro.

El propio Villarejo describió su función policial de la siguiente forma: "Sólo soy oscuro, mejor anónimo, ante los delincuentes y creo que mi labor es eficaz desde la discreción... y no existiendo oficialmente". "Cuando estoy en Líbano fingiendo ser transportista de droga o en Irak de comerciante o en Afganistán simulando ser tratante de caballos, estoy realizando una labor que me apasiona, que es mi vida, que no la cambiaría por nada del mundo", añadía.

GRABACIÓN A FERNÁNDEZ DÍAZ

La reputación de la Policía se ha visto empañada en la etapa final del Gobierno con mayoría absoluta del PP con diferentes escándalos relaciones con grabaciones. La última que conoció la opinión pública fue la llevada a cabo en el despacho de Fernández Díaz cuando conversaba con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso. Fernández Díaz designó a Sánchez Aparicio para que investigara internamente estos hechos, sin presentar una denuncia ni antes ni después de que la Fiscalía recibiera estas cintas.

La difusión por parte de 'Público' en el tramo final de la campaña electoral del 26J hizo que arreciaran las alusiones a las cloacas del Estado. En este contexto, el PSOE anunció que pediría que se investigara en una comisión parlamentaria las supuestas irregularidades de la Policía para hacer frente a la 'hoja de ruta' de los partidos independentistas.

En el epicentro de este enfrentamiento entre mandos policiales se hallan dos veteranos comisarios que, bajo las órdenes de Eugenio Pino y, al parecer, sin dar cuenta a Ignacio Cosidó, pasaron de colaboradores a enemigos acérrimos: José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas. Ambos mantienen un cruce de acusaciones después de que el segundo fuera grabado cuando hablaba en octubre de 2014 con otros dos policías y dos agentes del CNI en el marco de unas diligencias en relación con la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'Pequeño Nicolás'.

Se trata del 'caso Nicolay', una derivada del 'pequeño Nicolás', y que ha contado con el propio Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y de su 'mano derecha', el inspector Rubén López, al frente de la comisión judicial por asignación del juez que instruye la causa, Arturo Zamarriego.

Una decisión a la que se opuso el fiscal Alfonso San Román, que considera que estos dos policías se han "extralimitado" en sus diligencias. El representante del Ministerio Público tampoco apoyó la decisión de estos dos agentes, que el 20 de mayo solicitaron la detención del comisario Villarejo, a quien responsabilizaban de la grabación, y -entre otros-- la citación como investigado de Eugenio Pino.

Pese a la oposición de la Fiscalía, el juez Zamarriego ha seguido adelante con su instrucción, basada en las pesquisas de la comisión judicial, y ha dictado una providencia por la que pide a la Dirección General de la Policía que informe de todos los viajes que entre 2012 y 2014 realizaron a Cataluña el propio Martín Blas y Villarejo.

OPERACIÓN EMPERADOR

La alusión a Cataluña la realizó Villarejo en su declaración ante el juez Zamarriego, remontándose a 2012 para fechar su mala relación con Martín Blas. Se refería a la 'operación Emperador' que desarticuló la red mafiosa china que lideraba Gao Ping y en la que también se vieron envueltos otros mandos policiales.

"En el fondo estaba latente otro de los grandes problemas de los últimos años, el enfrentamiento entre ese sector de la Policía y agentes del CNI", reconocen a Europa Press fuentes conocedoras de esas disputas subterráneas.

En su declaración ante el juez del 'caso Nicolay', Villarejo sostuvo que la investigación de 'Emperador' hizo que recriminara a Martín Blas que estuviera investigando a compañeros policías a espaldas del juez. Pero éste reaccionó "presionándole", según la versión del primero, para lo que incluyó entre los detenidos al hijo de Villarejo. El 'agente encubierto' también acusó a su rival de fabricar pruebas falsas contra él en el sumario del 'Pequeño Nicolás'.

El 27 de junio, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se remitió a la información que le facilitó desde la Dirección Adjunta Operativa Eugenio Pino cuando fue preguntado por esto por el juez Zamarriego, que le tomó declaración como testigo.

Un mes después, Cosidó improvisó un acto de balance de legislatura en el Complejo de Canillas (Madrid) en el que insistió ante mandos policiales, entre ellos el DAO interino, el comisario Antonio Rodríguez Martín, que se habían cumplido los objetivos que se marcó en 2012, y que resumió en "una España más segura con una Policía más profesional e independiente".