Los inspectores de la UE viajan al Peñón para examinar los controles fronterizos

Los inspectores no abordarán, como pretendía inicialmente el Gobierno español, el lanzamiento por parte de las autoridades gibraltareñas de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, que impiden faenar a la flota española; ni tampoco los vertidos de arena para el proyecto urbanístico Eastside o las prácticas de 'bunkering'.

Estas cuestiones medioambientales están siendo analizadas en paralelo por Bruselas a raíz de las denuncias de España, según ha recordado este martes en rueda de prensa el portavoz comunitario Olivier Bailly, quien ha precisado que se ha solicitado información detallada sobre ambos casos tanto a las autoridades españolas como a las británicas. "En función de esas respuestas decidiremos si abrir un procedimiento o no", ha apuntado el portavoz.

La misión estará formada por expertos del Ejecutivo comunitario en materia de Interior y Justicia, Aduanas y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

"La delegación examinará las instalaciones y los controles que se llevan a cabo a la entrada y la salida de personas y productos a ambos lados de la frontera, así como las cuestiones relacionadas con el presunto contrabando", según ha dicho la Comisión en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario, señala el comunicado, realizará una evaluación sobre la base de la información obtenida durante la visita y los datos que ya cuentan en su poder y a partir de ahí "decidirá si es necesario adoptar nuevas medidas". No hay ningún plazo legal para completar esta evaluación.

La Comisión ha recordado que Gibraltar no es parte del espacio de libre circulación Schengen, por lo que España tiene la obligación de realizar controles sobre personas y bienes. "Estos controles deben, no obstante, respetar plenamente la legislación de la UE y ser proporcionados", ha apuntado.

Finalmente, la misión tampoco se ocupará de cuestiones de fraude fiscal, como pretendía inicialmente España.

Fue el primer ministro británico, David Cameron, el que solicitó en agosto al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, que enviara una misión de observadores a Gibraltar. Cameron denunció que los controles fronterizos españoles en el Peñón son desproporcionados y están políticamente motivados.

Sin embargo, a esta conversación con José Manuel Barroso le siguió otra de Mariano Rajoy, quien defendió ante el presidente de la Comisión los controles en la Verja alegando que España ejerce "sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera".

El jefe del Ejecutivo español aceptó el envío de la misión pero reclamó la ampliación de su mandato para que controlara que "la actividad económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad". Estos asuntos son de especial interés para España, por el notable perjuicio que su práctica conlleva para las arcas del Estado.

Barroso ha pedido a Rajoy y a Cameron "sentido común" para "encontrar una solución a los problemas políticos" en Gibraltar. Pero dejó claro que no dudará en actuar contra España si detecta que los controles en la Verja violan la libre circulación de personas o bienes y también abrió la puerta a actuar contra el posible contrabando de tabaco.