Un inspector de educación dice que se "forzó" a ceder los institutos para el 9N

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el inspector --primer testigo en comparecer en el juicio-- ha relatado que las directoras de dos institutos (las que dependían de él) le explicaron que la directora de servicios territoriales les había dado "instrucciones" de lo que tenían que hacer con el centro para el 9N.

Según ha explicado, a las directoras les dieron tres alternativas: o hacerse cargo de los centros para la consulta, o buscar a profesores que se encargasen como voluntarios o entregar las llaves a los servicios territoriales.

El inspector ha dicho que recomendó a estas dos directoras de instituto que exigiesen a la Conselleria de Enseñanza que esta orden se la diesen por escrito y, según ha declarado, la directora de servicios territoriales se negó a hacerlo y se limitó a comunicárselo a las directoras de palabra en unas reuniones a mediados de octubre y además, según él, se enfadó cuando se lo reclamaron por escrito.

Esta recomendación a las directoras se la hizo antes de la suspensión de la consulta --que los organizadores denominaron proceso participativo-- por parte del Tribunal Constitucional (TC) y después de esta suspensión les remitió un nuevo escrito en la que fue taxativo con ellas y les dijo: "No podéis permitir el uso de institutos si no recibís instrucciones concretas".

También ha relatado que una de estas directoras de instituto le dijo que después de la suspensión le mandaron una carta que la eximía de toda responsabilidad pero que estaba sin firmar pero con el sello de los servicios territoriales: "Quien tiene el sello es un funcionario porque un voluntario no puede poner un sello oficial", ha explicado, y ha añadido que le dijo a la directora que creían que la habían engañado.

La Fiscalía sostiene que documentos como este demuestran que el Govern de la Generalitat continúo con los preparativos de la consulta después de que el 4 de noviembre de 2014 el TC la suspendiese, al contrario de lo que afirman el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau que aseguran que los dejaron en manos de voluntarios.