El independentismo dice que la ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier norma

Los representantes de los partidos independentistas catalanes han asegurado hoy que la ley con la que el Gobierno catalán pretende convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta.

Lo han explicado los diputados de JxSí Lluís Corominas y Jordi Orobitg en el auditorio de la Cámara durante el acto de explicación del proyecto ante los diputados, convocado por JxSí y la CUP, aunque no han asistido Cs, PSC, PP ni SíQueEsPot --algunos miembros de esta última coalición sí han asistido pero no como grupo, sino en representación de Podem y EUiA--.

Han detallado que la ley estipulará que el pueblo de Cataluña es un sujeto político con derecho a ejercer el derecho a decidir, y que el Parlament actuará en todo momento como representante de este pueblo y garante de sus derechos: "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante".

Así, el proyecto de ley que los grupos independentistas llevarán al hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, "ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum", blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado.

La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un decreto de normas complementario en el que se establecerán los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo en que se llevará a cabo la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

Podrán participar todas las personas con derecho a voto "en una convocatoria electoral convencional" que sean residentes en Cataluña y en el exterior --en este segundo caso se necesitará una acreditación especial--, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

SINDICATURA ELECTORAL

También se creará una Sindicatura Electoral que asumirá las competencias que en cualquier contienda ordinaria tiene la Junta Electoral Central, y será el órgano "responsable de velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del ejercicio efectivo de los derechos electorales".

La Sindicatura Electoral estará formada por cinco miembros --juristas y politólogos-- propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta, y de entre ellos se elegirá a un presidente --que pasará a denominarse Síndic Electoral-- y a un secretario.

De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de demarcaciones con tres miembros cada una de ellas, que representarán a cada una de las cuatro circunscripciones electorales --correspondientes a las cuatro capitales catalanas--, y se encargará de velar por la imparcialidad y el pluralismo de los medios de comunicación y también del escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.

De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.

"Todas las autoridades públicas tendrán la obligación" de colaborar con la Sindicatura Electoral y la ley dedica un apartado específico a los ayuntamientos: deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación.

En caso de que se nieguen, la ley prevé que entonces el Govern podrá habilitar locales alternativos, y también exige que en todo momento el Ejecutivo deberá facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento.

CENSO ELABORADO POR EL GOVERN

Sobre el censo, han dicho que lo elaborará el Govern, lo validará la Sindicatura Electoral y, a diferencia del 9N, no requerirá autorización previa de los ciudadanos --en el 9N el ciudadano debía autorizar su inclusión justo antes de votar--: han dado pocos detalles porque el Ejecutivo catalán los concretará por la tarde en un acto en el TNC.

Sí han detallado que las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.

Otro punto que concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos políticos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.