El fiscal general comparece a las 12.30 para explicar las iniciativas penales contra Puigdemont

Aunque aún no se ha confirmado de forma oficial, se especula con que el Ministerio Público pueda presentar dos querellas penales respecto de lo ocurrido. Tras la pérdida de la condición de aforados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del resto de su gobierno una de estas iniciativas puede tener como destino la Audiencia Nacional, mientras que los exmiembros de la Mesa del Parlament serán investigados por el Tribunal Supremo por gozar aún de ésta prerrogativa.

La Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos de rebelión y de sedición, que son los que probablemente se imputarán tanto a los miembros del exgobierno autonómico como a los integrantes de la Mesa del Parlament que permitieron que la declaración unilateral de independencia fuera tratamitada y votada en esta cámara legislativa.

El Ministerio Público ya anunció la pasada semana la preparación de una querella inicialmente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si bien incluirá en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico tras la votación de este viernes en el Pleno del Parlamento catalán que ha declarado constituida la República catalana. Todos ellos perdieron la condición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo tras ser cesados y ser disuelto el Parlament.

La que fuera presidenta de esta cámara, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa conservan su fuero como miembros de la Comisión Permanente del Parlament y son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) salvo por los posibles delitos que puedan cometer fuera de Cataluña, caso en el que son aforados ante el Supremo.

En este punto la querella sostendría en relación con los exparlamentarios que parte del delito se ha cometido fuera de Cataluña en relación con algunas actuaciones como la ubicación de las webs que se pusieron en marcha con ocasión del 1-O o las intervenciones de algunos de sus miembros en foros extranjeros. También se analizan los efectos del delito, que se extienden a todo el territorio nacional y ello determinaría igualmente que fuera el Supremo el órgano encargado de investigarles.