El fiscal pide prisión para el exjefe de prensa y el jefe de Modernización del Ayuntamiento de Oviedo

Según la calificación del fiscal, se considera que tanto uno como otro son responsables de un delito continuado de falsedad documental. También se les atribuye el delito continuado de prevaricación. Los dos siguen trabajando en el consistorio.

En la exposición de los hechos que hace el fiscal, se refiere a la contratación por parte de R.S. de forma directa en 2013, sin sujeción a los principios de mérito y capacidad, de dos periodistas que trabajarían en el servicio de Prensa. Lo habría hecho en connivencia con I.H. con otros dos acusados, los empresarios M.F. y M.A.P, para quienes el fiscal también pide penas de tres años de prisión por falsedad documental.

El partido Foro Asturias estaba investigando esas contrataciones y fue entonces, según el fiscal, cuando en el primer trimestre de 2014 los acusados elaboraron varias solicitudes de incorporación al proyecto de que era adjudicataria la empresa donde trabajaban los empresarios acusados, consistente en la prestación de servicios, incluyendo a los periodistas.

Ello se hizo "simulando así su inclusión en el expediente administrativo, sin que tales documentos fueran firmados y redactados en la fecha que figura en los mismos y sin que tales trabajadores estuvieren realmente enmarcados en dichos servicios, sino que trabajaban para el Ayuntamiento bajo las órdenes directas de R.S", según el escrito del Fiscal.

Las solicitudes de incorporación de personal, que fueron elaboradas y firmadas el mismo día, pese a que en los documentos se plasmaba que fueron firmadas en diferentes fechas a lo largo del tiempo, estaban dirigidas al Ayuntamiento de Oviedo solicitando la incorporación de distintos profesionales dentro del proyecto de 'Servicios de carácter informático para el mantenimiento y modernización de los sistemas de las tecnologías de la información del Ayuntamiento de Oviedo', acompañando al efecto los curriculums profesionales de aquellos.

Todo ello, relata en su calificación el fiscal, con la "pretensión de crear una apariencia de legalidad en la contratación de dichos trabajadores quienes no superaron procedimiento selectivo alguno, conculcándose los principios de acceso a la Administración Pública".

Con el mismo propósito de intentar crear una apariencia de legalidad en la contratación de los dos periodistas, el jefe de Modernización, que sigue en su cargo como personal municipal, elaboró un informe fechado el 19 de Marzo de 2013, sobre modificación del contrato para realizar acciones en la estrategia "Gobierno Abierto", en el Expediente, basándola en causas de interés público, debido a necesidades nuevas o causas imprevistas, en la que elaboraba una reorganización de los recursos, con la finalidad de mejorar los contenidos de las webs, crear foros y comunicaciones online y aumentar la presencia en las redes sociales.

"Dicha modificación contractual no dio lugar a expediente alguno, no fue puesta en conocimiento de la Sección de Contratación, ni informada por la Dirección Jurídica y la Intervención General, con una vulneración total de los Artículos 59, 101, 112 y 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", señala el fiscal, que considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental.