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El exteniente Segura pide al Tribunal Constitucional que anule su expulsión del Ejército

Enmarca sus acusaciones en la libertad de expresión y pide mayor protección para los ciudadanos que denuncian corrupción
El exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que se anule su expulsión de las Fuerzas Armadas y se reconozca que "se han vulnerado sus derechos fundamentales".
El Ministerio de Defensa expulsó en junio de 2015 al entonces teniente por una falta muy grave consistente en realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores, en referencia a las acusaciones de corrupción en el Ejército que había realizado en medios de comunicación.
Segura ha recurrido al Constitucional tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre confirmó su expulsión de las Fuerzas Armadas señalando que la sanción impuesta es razonable y proporcionada porque Segura realizó reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En su recurso ante el Constitucional, el exteniente justifica sus declaraciones y acusaciones amparándose en el derecho a la libertad de expresión que recoge la Carta Magna y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
"La veracidad no resulta exigible cuando lo que se ejercita es la libertad de expresión, pues la opiniones y juicios de valor no se prestan a una demostración de su exactitud, como sí ocurre con los hechos", explica el demandante en su recurso.
Además, justifica las acusaciones vertidas en los medios de comunicación por "el contexto histórico (social, político y económico) del país" en que se hicieron, una época en la que se difunden "continuados escándalos de corrupción y abusos de poder" y en la que "la ciudadanía está muy preocupada por los mismos, comprometida de forma creciente en su denuncia y exigente en su puntual conocimiento y en la efectividad de los derechos a la transparencia y a la información".
El exteniente no entiende cómo pudo vulnerar la disciplina, motivo por el cual fue expulsado, si ésta tiene "su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas". Según asegura, él "en ningún momento ha desacatado la Constitución o ha desobedecido una orden recibida".
NO HAY DOCTRINA
Por otro lado, considera que su caso es "novedoso" respecto del cual el Tribunal Constitucional "no ha sentado doctrina en cuanto a la posible prevalencia de la libertad de expresión en el ámbito militar frente al derecho al honor, aquí, de la persona jurídica Institución Militar en supuestos especiales que crean alarma y un gran interés social e indignación popular, como son los de presunta corrupción u otras modalidades de abusos en cualquier ámbito de poder".
De este modo, Segura opina que esta es buena ocasión para que el Tribunal Constitucional "aclare su doctrina respecto de la libertad de expresión ante el surgimiento de una nueva realidad social", que es, por un lado, la de "la figura del denunciante de corrupción que suele ser un ciudadano que denuncia desde la organización/institución a la que pertenece" y, por otro lado, "las crecientes demandas de que se promulgue un Estatuto legal que proteja al denunciante de corrupción de posibles represalias".