El exchófer de Guerrero dice que gastaba 25.000 euros al mes en comprar cocaína

Juan Francisco Trujillo, el exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que, de las ayudas recibidas para sus empresas, gastó 25.000 euros al mes en comprar cocaína, añadiendo que ambos la consumían "a cualquier hora". Además, Trujillo ha declarado que durante el año 2007, y "por indicación" del que fue su jefe viajó en dos ocasiones a Madrid al objeto de recoger dos sobres con dinero de la compañía aseguradora Vitalia Vida. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción durante su comparecencia ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, Trujillo ha señalado que el primero de estos viajes lo realizó a mediados del año 2007, cuando acudió a la estación de Atocha y el directivo de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, le hizo entrega de un sobre que contenía "billetes grandes".

En este sentido, el exchófer ha relatado que el segundo de los viajes lo realizó en el mes de octubre de 2007, y en esa ocasión Albarracín le entregó en su propio despacho un segundo sobre con dinero, según han informado a los periodistas los abogados presentes en la declaración.

También ha remarcado que Francisco Javier Guerrero recibía "muchos" regalos, y ha citado el caso del propietario de una gasolinera que regaló al exdirector general de Trabajo un equipo GPS, un DVD y dos pantallas de televisión para el BMW de éste último.

Por último, Juan Francisco Trujillo ha admitido que sus empresas emitieron hasta cuatro facturas falsas por una cuantía total de 97.800 euros, y que actualmente sigue cobrando el paro de forma "indebida" después de ser dado de alta "unos días" en dos empresas, donde nunca ha trabajado, para así tener cotizado el tiempo suficiente para poder cobrar el paro.

Durante su declaración ante la juez, Trujillo también ha asegurado que, de las ayudas recibidas para sus empresas, gastó 25.000 euros al mes en comprar cocaína, añadiendo que ambos la consumían "a cualquier hora". Además, ha señalado que fue el propio Guerrero quien le presentó a una persona que podía hacerle de intermediario con otrra persona que vendía la droga.

Así, comenzó a comprarla --"al principio iba a comprar cada tres o cuatro días"-- y la distribuyó en 'bolsitas', llegando a consumir "entre cinco y diez gramos diarios" tanto él como Guerrero, quien le decía que la cocaína "ayudaba a mantenerse despierto".

A cambio de las ayudas recibidas, según ha añadido, le dio entre 60.000 y 80.000 euros en metálico y diversos regalos, como cuadros, relojes o un piano, todos los cuales "se los entregó en persona" en su casa de El Pedroso (Sevilla), así como 2.000 euros en ropa y 1.000 euros en teléfonos móviles.

Ingreso en prisión y sin fianza

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza y el pago de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para Trujillo.

Durante la celebración de una vista para solicitar las medidas cautelares, el Ministerio Público ha argumentado riesgo de fuga, la gravedad de los hechos, pues sólo por el delito de malversación podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, y la posibilidad de que pueda entorpecer el curso de la investigación.

Todas las acusaciones se han adherido a la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción, y en el caso del PP ha solicitado la "inmediata" detención del directivo de Vitalia Vida Antonio Albarracín, así como la clausura y precinto de la oficina de Vitalia Vida en Madrid, donde Albarracín "ha ejercido su labor comercial".

La magistrada imputa al exchófer un total de once delitos, como son sendos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, así como tres delitos de falsedad en documento oficial, otros tres de obtención indebida de subvenciones, y un último delito de falsedad en documento mercantil.