Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El español condenado a muerte en Tailandia puede solicitar ayuda a Exteriores para pagar su defensa

Pablo Ibar, condenado a muerte en EEUU, ha sido hasta la fecha el único beneficiario de esa subvención
El 'descuartizador de Bangkok', el ciudadano español Artur Segarra condenado a muerte en Tailandia por haber torturado y asesinado a un compatriota, tiene derecho a solicitar una ayuda pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para pagar un abogado privado que intente librarle de la pena capital.
Desde el año 2009 el Ministerio de Exteriores concede una subvención anual destinada a asistir a aquellos españoles presos en el extranjero que afronten condenas a la pena de muerte. En realidad se trata de una ayuda creada ad hoc para el caso de Pablo Ibar, el español que desde el año 2000 permanecía en el 'corredor de la muerte' en EEUU y que ha conseguido que se repita su juicio.
Hasta el año pasado, esta ayuda solo se ha concedido para el caso de Pablo Ibar, a través de la Asociación contra la pena de muerte 'Pablo Ibar', encargada de tramitar la solicitud para la subvención, que comenzó siendo de 60.000 euros, pero que en los últimos años se ha reducido a 30.000 euros.
Sin embargo, las bases de la convocatoria, que se modificaron por última vez en 2013 a través de una orden ministerial, permiten a Segarra directamente, o a alguien que actúe en su nombre, solicitar la subvención, destinada a "la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte".
En esa orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado, Exteriores justifica la existencia de esta subvención por "la excepcionalidad de
la pena de muerte", un castigo no previsto en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior española.
Reconoce además que en este tipo de casos el acceso a una "defensa jurídica de calidad" tiene un coste económico muy elevado, por lo que "en pocos casos" los acusados tienen recursos suficientes para costearla, "lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado
coadyuve para sufragar la defensa jurídica".
No obstante, ni Segarra, detenido en febrero de 2016, ni ninguna asociación ni entidad en su nombre, han solicitado esta ayuda, cuya última convocatoria se publicó el 6 de junio de 2016 y se resolvió mes y medio después, siendo el único beneficiario Pablo Ibar.
La ayuda se puede solicitar también para costear la defensa "en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte", según consta en la orden.
POSIBILIDAD DE RECURSO
La condena que Segarra ha recibido este viernes en Tailandia es susceptible de ser recurrida, primero ante el Tribunal de Apelaciones y posteriormente ante el Supremo. En caso de que se confirmara la pena capital, también le quedaría la opción de solicitar clemencia a la Casa Real para que le conmutaran el castigo a muerte por una pena de cárcel. Desde el año 2009 Tailandia no ejecuta a ningún reo condenado a muerte, que en la práctica cumplen cadena perpetua.
Segarra, natural de Terrassa (Barcelona), ha sido condenado por haber premeditado el secuestro y asesinato de su compatriota David Bernat con el objetivo de robarle dinero, obteniendo bajo tortura las claves de acceso a sus cuentas bancarias.
Tras varios días en los que tuvo secuestrado a Bernat, lo asfixió y descuartizó su cadáver en varias partes que arrojó al río Chao Phraya, donde las autoridades encontraron los restos.