El director de la oficina antifraude catalana alerta en el Congreso de la "opacidad" de las fundaciones políticas

El director de la oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno Jubero, ha alertado en el Congreso de que existe una "opacidad instrumental" en torno a las fundaciones de las formaciones políticas y ha pedido cambios legales para reforzar el control sobre ellas y sobre otras entidades privadas vinculadas a los partidos.

Ante la comisión de la Calidad Democrática que estudia nuevas medidas contra la corrupción, Gimeno Jubero ha empezado por resaltar que su oficina sigue el principio general de que "siempre que hay gestión de fondos públicos, hay riesgo de que se produzca corrupción".

Además, ha explicado que "todos los analistas coinciden en que "las dinámicas clientelares forman parte de la estructura misma de los partidos" y que una encuesta reciente que manejan revelaba que "un 80% de los encuestados consideran que los partidos se financiaban ilegalmente".

ESPAÑA, NO SÓLO CATALUÑA, TIENE UN PROBLEMA DE CORRUPCIÓN

"España tiene un problema de corrupción, no solo Cataluña, y vamos a darle un tratamiento general --ha dicho en otro momento--. Todos los que formamos parte de ese puzzle de autoridades de control, de fiscalización, etcétera, debemos actuar coordinadamente porque si no cada uno coge una parcelita y creo que entre esas parcelitas se quedan unos huecos tremendos, unas lagunas que nadie aborda".

A su juicio, se necesita "voluntad política" para romper esa idea. De entrada, está convencido de que "los partidos políticos están bajo un control directo bastante intenso o muy intenso", y en cambio "no lo están tanto aquellas fundaciones y, sobre todo, aquellas entidades asimiladas que tienen relación con los partidos políticos".

Así, la Oficina Antifraude realizó un estudio que detectó "disfunciones" y "distorsiones" en relación con las fundaciones, como la inexistencia de un registro público de fundaciones y asociaciones políticas, la ausencia de "fiscalización" global de las entidades, la falta de identificación de las entidades vinculadas con los partidos (sean fundaciones, asociaciones o empresas privadas), y en general un "déficit de transparencia", pues las obligaciones de publicidad sólo afectan a los partidos.

Gimeno ha denunciado en concreto la "falta de información" disponible en las páginas web, algo que no es exclusivo de las fundaciones ni de los partidos, sino que está "bastante generalizado".

"Hay una opacidad instrumental en cuanto que las fundaciones y asociaciones actúan a modo de empresa interpuesta con el partido político, y de forma incomprensible se permite que las fundaciones y asociaciones vinculadas puedan recibir donaciones de empresas privadas contratistas o adjudicatarias de las administraciones o corporaciones del mismo grupo --ha denunciado--. Esta es una distorsión que se da".

DONACIONES ILEGALES VÍA ENTIDADES AFINES

Por todo ello, ha exigido "una definición de qué es una entidad vinculada a un partido político", pues aunque la reforma de 2015 "endureció" las condiciones de financiación, mantuvo la financiación a estas entidades. "Fundaciones sabemos lo que son, estén o no inscritas, pero en todo caso están perfectamente determinadas, pero el concepto 'entidades vinculadas a partidos políticos' es muy poco claro", ha apostillado.

En concreto, ha propuesto crear un registro público de entidades vinculadas a partidos políticos donde la inscripción sea obligatoria y que permita inspeccionarlas. Y, además, apuesta por órganos independientes de control y fiscalización que vigilen estas sociedades, que puedan comprobar las donaciones que reciben por parte de empresas y que vigilen si los donantes luego son agraciados con adjudicaciones o contratos por parte de los poderes públicos gobernados por los partidos afines a esas entidades.