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El 77% de las 372.000 denuncias tramitadas por la 'ley mordaza' estaban relacionadas con drogas y tenencia de armas

Zoido aporta estos datos en el Senado para alegar que la citada ley es "garantista" y cumple su cometido con eficacia
El 77,4% de las 372.000 denuncias tramitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 estaban relacionadas con delitos relacionados con el consumo de drogas, la tenencia ilícita de armas y el uso negligente de armas y explosivos.
El dato lo ha aportado en el Senado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como prueba de que la actual ley, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', es "garantista" y cumple con eficacia su cometido, contrariamente a lo sostenido por la oposición.
El senador del Grupo Socialista Francisco González Cabaña ha instado al Gobierno a que derogue la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 en cumplimiento con lo aprobado por el Congreso de los Diputados, en lo que Zoido ha tildado de "polémica estéril".
Como ya hiciera en la Cámara Baja, Zoido ha vuelto a decir que el Gobierno está dispuesto a hablar para "mejorar y seguir avanzando" sobre la base de una ley que es "garantista". "Se convirtió en necesaria y es adecuada a los tiempos", ha argumentado tras defender a su antecesor en el cargo e impulsor de la norma, el exministro Jorge Fernández Díaz.
RECUERDA AL PSOE QUE IMPULSÓ LA LEY DE LA PATADA EN LA PUERTA
El titular de Interior ha mostrado su asombro por el hecho de que el PSOE pida la derogación de la norma de 2015 cuando ellos impulsaron en 1992 "la ley de la patada en la puerta" que fue, posteriormente, "declarada inconstitucional" en algunos de sus preceptos.
Además, ha defendido que la actual redacción -recurrida igualmente ante el tribunal de garantías-- blinda el desempeño de las fuerzas de seguridad sin perjudicar derechos como el de manifestación.
La ley orgánica fue aprobada tras 16 meses de trámite parlamentario el 1 de julio de 2015. En ese tiempo, el Gobierno accedió a modificar algunos de los aspectos más polémicos, estableciendo 44 conductas sancionadas administrativamente y poniendo fin a las faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
En los primeros tres meses de vigencia, se tramitaron 88.856 denuncias, estando por entonces el 85% de ellas relacionadas con drogas y armas.