La defensa de De la Torre desmiente a otros acusados y dice que la tarjeta no era parte del salario

La representación procesal del exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre ha desmentido este martes que la Visa que se entregó desde su nacimiento en 1988 hasta 2012 a los exdirectivos y altos cargos de la entidad y Bankia, fuera de naturaleza retributiva sino que era para gastos de representación, negando así la versión aportada ante el tribunal por gran parte de las defensas.

En el marco de la vigésima cuarta sesión del juicio que acoge la Audiencia Nacional sobre el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas 'black', el letrado Gonzalo Martínez Fresneda ha dicho que el secretario de la caja --al que muchos señalaron como el responsable de explicarle las características de los plásticos-- no era ni consultor jurídico de los miembros de Caja Madrid ni tampoco tenía por cometido vigilar las conductas individuales de los beneficiarios.

El letrado de De la Torre, al que junto con los otros 64 acusados se le imputan delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, ha añadido que se ha "manipulado" la interpretación de las actas que reflejan la existencia de este sistema y que "son las dietas las que compensan la dedicación a la caja" y no el medio de pago empleado, cuyo uso sí conocía Caja Madrid porque tenía acceso a los justificantes a través de Visa.

"La pregunta es: ¿Quién era el guapo que le preguntaba a todo un consejero que le llegaba un cargo de Loewe?", ha cuestionado el letrado para exculpar a su defendido que fue el primero en hablar de tarjetas "black a efectos fiscales" según consta en un correo que envió al entonces presidente de la caja extinta, Miguel Blesa, bajo el epígrafe de 'confidencial'.

"Esa descripción ha sido una verdadera tragedia", ha dicho su abogado añadiendo que se ha traicionado el sentido completo del correo y de ahí se deriva la "interpretación peyorativa" de que eran tarjetas ocultas. Por esta práctica el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita para los encausados, entre los que se encuentran representantes políticos, sindicales y de la patronal, que van desde uno a seis años de cárcel.

SIN FACULTADES DE CONTROL

Acusados como Moral Santín o casi una decena de miembros de la Comisión de Control expusieron ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que De la Torre les entregaba las tarjetas con la indicación de que era para gastos de libre disposición. "Algunos han querido rebajar su categoría y ascender la de mi defendido. Le han llegado a decir responsable corporativo del gobierno de la caja",ha denunciado.

De Bankia expone que ha ejercido una acusación "corta y difusa" cuestionando así que la caja nacionalizada ejerza la acusación particular en el juicio, en sintonía con los letrados de otros tres acusados (Mariano Pérez Claver, Ramón Martínez Vilches y Javier López Madrid) que le han precedido en el uso de la palabra.

El abogado de Francisco Javier López Madrid, yerno de Miguel Villar Mir, ha asegurado que su defendido no tuvo en ningún momento voluntad ni conciencia de cometer delito en el uso de la tarjeta a la que cargó 35.988 euros y ha recordado la declaración que prestó el empresario el pasado mes de octubre en calidad de investigado en la que recriminó a Bankia que le reclamara los cargos efectuados cuando el Grupo Villar Mir invirtió 20 millones de euros en la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada y lo perdió "todo".

"No es compensable, ¿pero es esta la actuación de una persona que quiere tener un beneficio injusto a costa de una entidad? Evidentemente no", ha sentenciado la representación procesal del acusado, que al igual que el resto de 65 exaltos cargos y directivos se le atribuye el delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

SUBIDAS DE SALARIO JUSTIFICADA

León Barriola, letrado defensor del exconsejero ejecutivo Mariano Pérez Claver (379.860 euros)y el que fuera responsable de la Dirección de Riesgos de Caja Madrid Ramón Martínez Vilches (102.326 euros) ha defendido el sistema de tarjetas como "medio de pago usual y universalmente aceptado".

Así, ha explicado ante la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal que las "tarjetas retributivas" constaban en las actas de la caja extinta, "se ajustaban sin fisura a la más estricta legalidad" y ha dicho que las acusaciones no han presentado "ni una sola prueba" que demuestre lo contrario.

En concreto ha dicho que "no hay fe pública de su alteración" y en relación a los salarios de los altos cargos y directivos, Barriola ha apuntado que el expresidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 Miguel Blesa, "no se excedió en sus facultades" y el salario interpuesto a altos directivos y consejeros "se ajustó" a la normativa.