El sector más conservador del PP lleva al congreso del partido enmiendas contra el aborto y la gestación subrogada

El sector más conservador del PP llevará al XVIII Congreso Nacional del PP un paquete de enmiendas para defender el derecho a la vida desde "su concepción hasta su muerte natural" y reformar la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo con el objetivo de que el aborto no sea considerado "un derecho". Igualmente, se posicionan en contra de la gestación subrogada, que consideran una "nueva nueva forma de explotación que atenta contra la dignidad tanto del niño como de la madre".

Algunas de estas enmiendas han sido presentadas a título individual --a pesar de demandar lo mismo--, si bien en otros casos sí que han sido registradas conjuntamente, como la que reclama que se sigan prohibiendo en España los vientres de alquiler, la relativa a la reforma de la ley del aborto o la que pide que el PP permita el voto en conciencia en "aquellas cuestiones que afectan a sus convicciones más profundas".

Este tipo de enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, evidencian las dos 'almas' que conviven en el PP en estos asuntos sensibles. Así se visualizó el 15 de abril de 2105 durante la votación de la reforma de la ley de plazos para impedir que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Ya entonces varios diputados provida del Grupo Popular no votaron esa reforma del aborto por entender que era "limitada" y criticaron que no se diera libertad de voto a los parlamentarios al tratarse de "temas de conciencia".

VOTO EN CONCIENCIA

De hecho, algunos miembros de ese sector crítico del PP han registrado ahora una enmienda conjunta sobre el voto en conciencia. En concreto, piden añadir un párrafo en el artículo 7 de la ponencia Política y de Estatutos relativo a los derechos de los militantes: "El PP respeta y ampara el voto en conciencia ejercido por sus militantes en los órganos representativos de los que formen parte en aquellas cuestiones que afectan a sus convicciones más profundas".

Los firmantes de la enmienda argumentan que la libertad de voto en conciencia de los parlamentarios y representantes locales es un derecho reconocido en las Constituciones y en la práctica política de los países occidentales, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia. Es más, subrayan que el artículo 67.2 de la Constitución dice textualmente que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", por lo que entienden que la libertad de voto en conciencia es un derecho irrenunciable".

Suscriben esta enmienda Luis Peral, Javier Puente, José María Alonso, Regiña Plañiol, Eva Durán, Beatriz Elorriaga y Jorge Pumariega. Algunos de ellos eran diputados en 2015 cuando se votó la reforma de la ley del aborto, a la que se opusieron por considerarla "insuficiente", y quedaron después fuera de las listas del partido.

CONTRA LA "MATERNIDAD DE ALQUILER"

En otra de las enmiendas conjuntas se busca que en la ponencia Social que ha coordinado el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, se rechace los vientres de alquiler, que considera una "nueva forma de explotación que atenta contra la dignidad de madre". Por eso, plantean que se recoja expresamente que los contratos de vientres de alquiler sigan estando prohibidos en España.

En concreto, se pide que en el texto de la ponencia se señale que "la maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, no constituye una forma más de reproducción asistida, ni se trata de un progreso ni avance social".

"Por el contrario, es una nueva forma de explotación que atenta contra la dignidad tanto del niño como de la madre, abusando del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza".

Por este motivo, y como ocurre en la mayoría de los países europeos, defendemos que los contratos de vientres de alquiler deben seguir estando prohibidos en España". La exportavoz de Asuntos Sociales del PP ha capitaneado esta enmienda, que también firman Luis Peral, Javier Puente y José Luis Sastre.

DEFENSA DE LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN

Otro grupo de exdiputados y militantes del PP ha presentado también una enmienda para que en el documento social del PP se recoja la defensa de la vida "desde su concepción hasta su muerte natural". "No tendría sentido alguno pedir respeto a los animales mientras no se garantiza el derecho a la vida humana desde el momento de su concepción y hasta la muerte natural", exponen los enmendantes, entre quienes se encuentra el exdiputado del Congreso Javier Puente.

En parecidos términos han presentado enmiendas los exparlamentarios Luis Peral y Lourdes Méndez, quien ha dicho a Europa Press que "la no defensa de la vida del no nacido o la neutralidad ideológica que supone el no optar por el modelo de familia fundado en el matrimonio hombre-mujer como objeto de mayor protección por la insustituible función social que realiza (frente a realidades diferentes), hacen del partido una organización tibia y sin resortes ni impulso para la regeneración que el país necesita".

La modificación de la ley del aborto para que no sea considerado un derecho es una reivindicación de estos dirigentes 'populares', que han registrado en la mayoría de los casos enmiendas individuales. Así, Luis Peral reclama cambiar "la normativa vigente sobre el aborto, en la línea del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en junio de 2010" para "reforzar la protección del derecho a la vida" y "dar a la mujer embarazada la más completa información sobre los riesgos del aborto y sobre alternativas al mismo".

HUMANISMO CRISTIANO EN EL ARTICULADO

Varios de estos compromisarios defenderán también la inclusión del humanismo cristiano en el articulado de los Estatutos, una referencia que aparece en el preámbulo de la Ponencia Política y de Estatutos, donde se dice que el PP tiene una "perspectiva humanista cristiana" por la que la sitúa a la persona como centro, inicio y fin de su acción política. Según subrayan, si no se incluye en el articulado "carece de valor normativo".

En el Congreso Nacional del PP de 2012, Cristina Cifuentes presentó una enmienda en sentido contrario, es decir, para retirar la palabra cristiano de la ponencia social alegando que una convicción religiosa no podía estar en la base de una formación política. La enmienda fue sin embargo rechazada por abrumadora mayoría.

INFORMAR A AFILIADOS SI SE INCUMPLEN LOS ESTATUTOS

Igualmente, la exdiputada Lourdes Méndez quiere que se obligue a dar cuenta a la militancia de los incumplimientos de los programas y Estatutos, así como las "razones fundadas" que han obligado a ello. Con esta enmienda a la ponencia de Estatutos que ha coordinado Fernando Martínez-Maillo, ha explicado a Europa Press que el objetivo es evitar que ocurra que no se cumplan los programas en temas fundamentales "sin razón alguna" y de esta forma "cambiar los principios ideológicos del partido sin la aquiescencia de los afiliados".

En otra enmienda, plantea que el PP trabaje por evitar el "adoctrinamiento educativo" en materia de sexualidad que "pueda impedir la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa" consagradas en la Constitución, así como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus convicciones.

En su justificación, Méndez dice que "resulta evidente que la imposición a todos" de una determinada ideología de género "provocará que quienes no la compartan se vean privados de su libertad de pensar y opinar, constituyendo además un ataque a la familia". En la misma línea, Luis Peral pide que el derecho de los padres "exige que no se adoctrine a sus hijos en la ideología de género sin su expreso consentimiento".