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Prisión para Ángel María Villar y su hijo, Gorka Villar

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión para Ángel María Villar y su hijo, Gorka Villar, por su presunta implicación en la trama de corrupción investigada en el marco de la denominada 'operación Soule'. Según ésta, tanto el presidente de la Real Federación Española de Fútbol como su hijo, se habrían beneficiado, entre otros, desviando fondos del organismo a través de empresas vinculadas a la trama, así como con los partidos amitosos de la selección española.

El juez que investiga la operación 'Soule' atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos y para el cuarto detenido, el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, a quien envía a prisión eludible bajo el pago de una fianza de 100.000 euros, según informan fuentes jurídicas.
En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.
El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.
A lo largo de 44 folios el magistrado apunta que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".
Todos ellos han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.