La Policía defiende su proceder en el caso del alcalde de Granada

La Fiscalía General del Estado ha cuestionado la detención del alcalde y entrada y registro en su domicilio particular al considerar que el estado actual de las investigaciones no permitía "fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales". En este sentido, el órgano dirigido por Consuelo Madrigal ha señalado que las 17 detenciones practicadas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, sino que se hicieron "a iniciativa de la fuerza policial".

En este sentido, la Dirección de la Policía Nacional ha defendido que la investigación ha estado monitorizada "en todo momento" por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Granada, ante la que se presentó la denuncia que motivó la investigación, y bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital granadina, que instruye el conocido como 'caso Serrallo' sobre presunta corrupción urbanística.

El citado juzgado, según la Policía Nacional, ha estado informado "de los pasos que se iban dando" por parte de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial que han trabajado para el esclarecimiento de los hechos y al que, asimismo, se le han comunicado las medidas que se iban a llevar a cabo en el marco de esa investigación.

Así, desde este Cuerpo se ha defendido que "todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley y la Constitución, velando escrupulosamente por los derechos de los detenidos, por el tiempo mínimo indispensable para la realización de las averiguaciones y trámites oportunos, y comunicándose a la autoridad judicial".

El 'caso Serrallo' investiga la operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde de Granada, junto al Centro Comercial Serrallo.