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Las agresiones a funcionarios de prisiones serán castigadas con hasta cuatro de años de cárcel

Las agresiones contra los trabajadores públicos de Instituciones Penitenciarias serán castigadas con hasta cuatro años de cárcel después de que el Gobierno, a propuesta de los sindicatos, haya accedido a incluir a estos funcionarios en el protocolo para la Administración General del Estado en vigor desde noviembre de 2015.
El acuerdo, según ha explicado CSIF, se sellará este martes en la Mesa General de la Administración General del Estado, contando también con el respaldo de UGT. El director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, anunció el 27 de abril en su comparecencia en el Congreso que había un preacuerdo en este sentido.
"Los episodios de violencia en las cárceles y el déficit de medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones será una realidad", ha asegurado en un comunicado CSIF, que sostiene que en los últimos diez años se han registrado más de 2.000 agresiones en centros penitenciarios.
El grupo parlamentario de Ciudadanos llevó al Congreso esta demanda ante la "preocupante ola de agresiones" que sufren los funcionarios de las prisiones españolas. Ángel Yuste, por su parte, defendió en la Cámara Baja que la intención de Interior es "homologar un material de alta calidad que permita la adecuada intervención de los funcionarios en situaciones críticas". "La cárcel", recordó, "es un mundo de conflicto aquí y en toda Europa".
El director de Prisiones sostuvo que el ratio interno-funcionario se sitúa en el 2,19%, "uno de los mejores de la historia habida cuenta de que hay 23.649 trabajadores y una población reclusa de 51.793". Este sentido, apuntó que en la actualidad hay casi 14.000 internos menos que los que había en 2008-2009.
"Las agresiones a los funcionarios no han aumentado, otra cosa es que se haga un ejercicio más público de esa actividad o de cómo se producen esas agresiones", añadió Yuste en una comparecencia en la que anunció la incorporación de 645 nuevos funcionarios, lo que permitirá abrir los centros de Archidona-Málaga II y de Ceuta.
PLANTILLA ENVEJECIDA
CSIF ha valorado positivamente la firma del protocolo porque reconocerá a los funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios o docentes. El documento incluye un endurecimiento de algunas sanciones como consecuencia de actos violentos ejercidos contra funcionarios que sufran un quebranto significativo en su salud o en su integridad.
Asimismo se contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran agresión.
CSIF ha anunciado que seguirá reclamando otras demandas como la "paralización inmediata de los procesos de privatización en Instituciones Penitenciarias", la mejora de los sueldos o la convocatoria de una oferta pública que permita abrir Archidona (Málaga), Ceuta y también Soria.
Entre sus críticas también figura que "casi la mitad de la plantilla, un total de 10.527 personas, tiene más de 50 años y, por tanto, se jubilará a lo largo de los próximos diez o quince años". De estos, 1.130 personas pueden jubilarse de forma inminente al contar más de 60 años. Según CSIF, en los últimos tres años se ha producido una merma de 904 efectivos.