La acusación popular reclama 15 años de prisión para el sacerdote procesado en el caso 'Romanones'

Así lo recoge en el escrito de acusación provisional que ha presentado este jueves ante la Audiencia de Granada, en el que además reclama para el inculpado 15 años de inhabilitación absoluta, privación de residir en el mismo lugar que su víctima, acercarse o comunicarse con ella durante el mismo periodo, y el pago de un total de 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados al joven, cantidad de la que tendría que responder de forma subsidiaria el Arzobispado de Granada.

Según consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en 1997, cuando el menor, que tenía entonces siete años, comenzó a ir a misa los domingos a la parroquia en la que era titular el padre Román M.V.C., la iglesia de San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín, en Granada, junto a un amigo.

El párroco propuso a los niños ayudar en la misa como monaguillos y estos ejercieron como tales casi a diario en misa y se convirtió así en una persona que estuvo siempre presente en la vida del menor, dentro de su entorno más íntimo y de plena confianza.

Durante esa época se reunían un grupo de sacerdotes en la calle Pavía para merendar y realizar actividades de convivencia y descanso a las que, poco a poco, en una actitud dirigida por el padre Román, invitaron a la víctima y a su amigo, generalmente la tarde del domingo.

Según Prodeni, el grupo de sacerdotes diocesanos y dos seglares era liderado por Román y vivían entonces en unión y comunidad de bienes. Ya en el año 2004, teniendo el denunciante 14 años y por indicación del Padre Román, que ejercía sobre él una "ascendencia moral", el joven comenzó a pasar mucho tiempo en la casa parroquial situada en la calle Félix Rodríguez de la Fuente en Granada así como en la casa adquirida por el grupo en la urbanización los Pinillos de Cenes de la Vega, donde "finalmente ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente".

Prodeni describe una serie de capítulos de abusos sexuales que comenzaron con propuestas del sacerdote a quedarse a dormir con él en su propia cama y a hacerle masajes completamente desnudo, y que acabaron con intentos de penetración anal, pasando por otro tipo de abusos sexuales y tocamientos, a los que el joven accedía, aunque a veces negándose en un principio, por la "presión" psicológica y a veces física que el religioso ejercía sobre el adolescente.

El sacerdote le llegó a decir que tenía que "dejarse llevar" y que no "vivía bien su sexualidad", y amenazaba al joven, del que destacaba su vocación para el sacerdocio, con echarlo del grupo si no accedía a sus pretensiones, generando en el denunciante "temor".

Prodeni advierte de que el padre Román, que también ridiculizó al joven ante el resto de religiosos integrantes del grupo --quienes también ejercían "presión" sobre la víctima-- era una "auténtica autoridad moral" para el menor, ya que era su "director espiritual" y una "figura paternal" para él.

El joven, según esta acusación popular, fue sometido a amenazas verbales y físicas, y, cuando se negaba a vivir su sexualidad "sin tapujos", como le decía el procesado, ello conllevaba "broncas y reproches" por su parte e incluso "intimidaciones", ya que lo agarró en alguna ocasión del cuello y el hombro. Todo terminó cuando el joven decidió abandonar el grupo a finales de mayo o principios de junio de 2007.

La víctima, según el informe psicológico elaborado, sufre, a consecuencia de estos hechos, un grado elevado en la dimensión sintomática de ansiedad que hace referencia a un estado generalizado de tensión psíquica en sus manifestaciones psicosomáticas y en grado leve en las dimensiones sintomáticas de ansiedad fóbica y depresión. El proceso judicial, además, le ha provocado recuerdos recurrentes e intrusivos de episodios de abuso sexual, lo que ha conllevado continuo malestar psicológico con dificultades y problemas de sueño, concentración e irritabilidad.

OTRAS PETICIONES

La petición de la acusación popular se produce tras la formulada por la acusación particular --que ejerce el letrado Jorge Aguilera en representación del denunciante--, que reclama un total de 26 años de prisión para el padre Román M.V.C.

Elevaba así la solicitud de la Fiscalía, que ha pedido nueve años de prisión para el inculpado, por un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, por el que se enfrenta además al pago de 50.000 euros en concepto de daño moral a su supuesta víctima, de la que tendría que responder subsidiariamente el Arzobispado de Granada.

La acusación particular entiende que además de este delito, por el que solicita diez años de prisión, también el acusado es presunto autor de otros dos delitos más de abusos sexuales, al contemplar el acceso carnal con el miembro viril, y pide por cada uno de ellos otros ocho años de prisión.

En total, la pena reclamada por la representación legal del denunciante se eleva a 26 años de prisión, basándose en la jurisprudencia que permite valorar ciertos episodios de abuso sexual como "individualizables", además de 50.000 euros de indemnización para la víctima y prohibición de comunicarse o acercarse a ella por un periodo de 20 años.

DETENCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS

El caso se hizo público el mes de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Granada declaró prescritos los delitos que se le atribuían a once de esas doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.

El prelado tendrá que comparecer en el juicio que se celebre ante la Audiencia Provincial de Granada, ya que todas las acusaciones personadas han pedido que declare como testigo.