España no aceptará un acuerdo que permita expulsiones colectivas de refugiados

Margallo ha dejado claro que la propuesta sobre la mesa para que Turquía acepte de vuelta no solo a los inmigrantes económicos irregulares que llegan a Europa sino también a los refugiados sirios para el Gobierno en funciones "desde el primer momento" es "inaceptable" porque "era contraria a la legalidad internacional, a la Convención de Ginebra y los Tratados europeos, en concreto el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento (de la UE)" y "a las directivas de retorno".

Preguntado si España vetará un acuerdo con Turquía si no es legal, como el que está ahora sobre la mesa, el jefe de la diplomacia española ha avisado de que para que el acuerdo "sea posible" entre la UE y Turquía para España, en primer lugar, "tiene que ser respetuoso con la legalidad internacional, la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Humanos (europea) y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y eso excluye la posibilidad de expulsiones o de retornos de carácter colectivo".

Pero también deberá garantizar que es "respetuoso con los derechos humanos de las personas que tienen que huir de su país por razones de persecución de cualquier tipo" y ello exigiría que "cada una de las personas" que tiene "derecho al asilo" pueda "exponer sus razones", que éstas sean "consideradas de acuerdo con el procedimiento legal" y en caso de "ser denegada" su petición de asilo, que "tenga derecho al recurso y, en el supuesto en el que pierda el recurso, que sean deportadas a un país que les garantice la protección, el respeto de su integridad física y el respeto de su dignidad humana".

"Esas son las líneas claras del Gobierno español en las que intentaremos llegar a un acuerdo con la oposición", ha explicado Margallo en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE.

"En ningún caso el presidente (del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy español, ha dejado claro Margallo, que ha recordado que el secretario de Estado de Exteriores comparecerá en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso "para solicitar la aquiescencia de la Cámara en los mismos términos" que en el caso del acuerdo entre la UE y el Reino Unido.