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La juez acuerda la apertura de juicio oral e impone fianza a 6.821.156 euros a los acusados

El Gobierno vasco, acusación particular, renuncia a formular escrito de acusación y ejerce exclusivamente la acción civil
La juez del 'caso Margüello', en el que están imputados exaltos cargos de la Sanidad vasca por supuestas irregularidades en contratos de Osakidetza realizados durante la época del consejero de Sanidad Gabriel Inclán, ha acordado la apertura de juicio oral contra los cuatro encausados, el exdirector de Sanidad, José Manuel Elorriaga; el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello; el viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, y María Nieves Fernández, socia de Margüello.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de Bilbao, Yolanda Paredes, ha impuesto a los acusados el pago total de 6.821.156, 41 euros como fianza con el fin de garantizar las responsabilidades pecunarias que pudieran darse.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el Gobierno vasco, han solicitado la apertura de juicio oral. No obstante, el Ejecutivo ha renunciado a formular escrito de acusación y ejerce exclusivamente la acción civil.
Por su parte, el ministerio público ha pedido penas que casi suman 40 años de cárcel para los cuatro de los acusados exaltos cargos de Sanidad durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe.
En concreto, la petición de la Fiscalía es de 11 años de prisión para tres de los acusados y 6,5 para el cuarto, al considerar que todos ellos prevaricaron para presuntamente beneficiar con contratos de Osakidetza a empresas que estaban vinculadas al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello.
En su escrito, el ministerio público acusa a esas cuatro personas de delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, ya que habrían cometido irregularidades en las contrataciones de servicios por un importe total de 6,8 millones de euros.
Además, reclama que abonen conjunta y solidariamente una indemnización al Gobierno vasco con esa cantidad de 6,8 millones en la que se cifra el perjuicio económico causado.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
La acusación pública considera que los dos exaltos cargos del Gobierno vasco en el departamento de Sanidad que entonces dirigía Gabriel Inclán, Rafael Cerdán y José Manuel Elorriaga, incumplieron la legalidad en la adjudicación de contratos de Osakidetza para beneficiar a dos empresas de Margüello, en las que María Nives Fuentes figuraba como testaferro.
En su escrito, la Fiscalía destaca que el 6 de febrero en 2006 se constituyó la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI por María Nieves Fernández, entre otros, aunque quién gestionó en realidad la sociedad fue Margüello, que era entonces jefe de Calidad de Cruces y, por tanto, en régimen de incompatibilidad con dicho puesto.
El 26 de febrero de 2006, la sociedad solicitó a la dirección territorial de Sanidad en Bizkaia, cuyo titular era el también acusado José Ramón Elorriaga, autorización para la prestación de servicios sanitarios, lo que fue rechazado por los funcionarios correspondientes.
El ministerio público asegura que Elorriaga emitió la autorización "a sabiendas de que ello no era posible y de que incumplían todos los requisitos", para que la firma de Margüello pudiera contratar con Osakidetza.
Pese a ello, Elorriaga y Rafael Cerdán adjudicaron a la citada empresa un contrato público relacionado con listas de espera por más de un millón de euros. Para ello, utilizaron "el procedimiento de emergencia a sabiendas" de que era ilegal. La compañía de Margüello facturó por ese contrato 1,9 millones de euros en dos años.
Por su parte, el ex director de Sanidad en Bizkaia dio por terminado sin justificación en 2007 un expediente de contratación sin publicidad, que benefició a Margüello por un servicio sanitario de cirugía y rehabilitación de pacientes, por el cual la sociedad mercantil percibió casi 5 millones.