Zoido expondrá el miércoles su política ante un Congreso que demanda cambios como la derogación de la 'ley mordaza'

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, expondrá este miércoles en el Congreso las líneas generales de la política de su Departamento ante unos grupos que demandan cambios sustanciales con respecto a la etapa de su predecesor Jorge Fernández Díaz como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.

La nueva aritmética parlamentaria dejó solo el pasado 29 de noviembre al PP --junto con Foro de Asturias-- frente a la moción del PSOE a favor de derogar esta ley orgánica que recoge 44 supuestos de sanciones administrativas, poniendo fin a las faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas hasta entonces a control judicial previo.

Interior ha calificado de "barbaridad" que se pida la derogación de esta norma que consideran "garantista", después de que el PSOE haya registrado ya su propia ley alternativa. Esta semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, criticó la "sobreactuación" de la oposición en una petición que, en su opinión, no figura entre las demandas sociales. "Ni una sola persona", dijo, se refiere a esta cuestión cuando lo paran por la calle.

En el mes y medio que lleva Zoido en Interior ha puesto en valor el consenso existente en políticas de Estado como la lucha antiterrorista. También ha reiterado en varias ocasiones que está dispuesto a dialogar con el resto de grupos para "mejorar" la actual Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada el 1 de julio de 2015 tras 16 meses de trámite parlamentario que limó los aspectos más polémicos.

Según sus datos, desde entonces, el 77% de las 372.000 denuncias tramitadas por la 'ley mordaza' han estado relacionadas con delitos de drogas y tenencia de armas o explosivos.

Las principales organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil han pedido que no se les desproteja con la posible derogación de una norma que, consideran, atendió a "demandas históricas" de ambos cuerpos. Aunque entienden que es una ley mejorable, exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancione la falta de respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad.

RENOVACIÓN DE LA CÚPULA POLICIAL

La primera comparecencia de Zoido en la Comisión de Interior coincidirá en la misma semana en la que la Dirección General de la Policía tiene previsto convocar la plaza para elegir al 'número dos' de este cuerpo, el director adjunto operativo (DAO) que ostenta desde junio el comisario principal Antonio Rodríguez, después de que se jubilara Eugenio Pino.

Sindicatos como la CEP o UFP han expresado su deseo de que, al margen de la convocatoria para cubrir la plaza de DAO, Antonio Rodríguez vuelva a concurrir y sea reelegido para un cargo que puede seguir desempeñando hasta que se jubile, algo para lo que resta aún más de dos años.

"Es la persona idónea porque conoce la casa como nadie al tener experiencia en áreas operativas", he explicado a Europa Press José María Benito, portavoz de la UFP, recordando que Antonio Rodríguez es el comisario de mayor antigüedad de la Junta de Gobierno.

En su opinión, esto puede ser muy importante ante una cúpula de Interior ampliamente renovada, y que cuenta con el exalcalde de Córdoba José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad en un momento en el que se mantiene el nivel 4 --sobre 5 posible-- del nivel de alerta antiterrorista.

Uno de los consejos más repetidos desde diversos sectores de las fuerzas de seguridad es que Zoido acierte a la hora de elegir "a los mejores" en un Cuerpo Nacional de la Policía que, tras episodios como el de las escuchas en el despacho del exministro Fernández Díaz, requiere de un proceso de "despolitización".

CONFLICTO POR LA JORNADA LABORAL

Varios grupos de la oposición han remitido a la Cámara Baja sendos escritos después de reunirse con el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP). Se ha pedido, por ejemplo, la comparecencia urgente del nuevo director de la Policía, Germán López Iglesias, a quien se le reclama una solución "extrajudicial pactada que no incida negativamente en la seguridad pública" en lo relativo al conflicto por la jornada laboral de los policías que hacen turnos.

Tanto Unidos Podemos como el PSOE han impulsado iniciativas para hacer frente a la carencia de miembros de la Policía Nacional, donde hay 11.347 vacantes sobre la plantilla de 77.088 funcionarios previstos en el Catálogo en vigor. Estos grupos quieren garantizar un "servicio público de seguridad", para lo que creen necesario que se convoque la Mesa de Seguimiento de la Jornada Laboral de este cuerpo.

Esta semana el PSOE ha presentado otra proposición no de ley que insta al Gobierno a dotar en el plazo máximo de cuatro años de un chaleco "adecuado a las características antropométricas" de cada guardia civil y policía, tanto mujeres como hombres, pasando a ser un elemento obligatorio. Las unidades de seguridad ciudadana y las que cumplen funciones operativas serían las primeras en recibir esta prenda.

El PP sí ha respaldado algunos de los puntos llevados al Congreso por la oposición. En la misma moción que se incluyó la derogación de la 'ley mordaza', se incluyeron tres puntos refrendados por el grupo mayoritario en la cámara al entender los 'populares' que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja ya para incrementar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, así como para reducir los robos en viviendas, rebajar la siniestralidad vial o mejorar la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).