El alcalde de Xinzo (Ourense) irá a juicio este lunes acusado de contratar trabajadores sin concurso público

La fiscalía y la acusación popular ejercida por el principal sindicato del ayuntamiento (CIG), reclaman para el regidor diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el abono de las costas procesales, por considerarlo "responsable en concepto de autor" de un delito continuado de prevaricación.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2011 y 2013 cuando, según el escrito de Fiscalía, el regidor realizó contratos, por decreto o directamente, sin que en ningún momento se atendiese el cumplimiento de "los principios constitucionales" de concurso u oposición para elegir a los trabajadores por su "mérito y capacidad".

Para la acusación, el regidor seleccionó al personal "con conciencia de que faltaban los requisitos básicos" de cualquier contratación pública, como la publicidad obligatoria del proceso de selección para que "cualquier persona interesada" pudiera acceder al puesto.

Considera que el alcalde conocía estas irregularidades porque había sido informado "tanto por parte de la Secretaría como por parte de la Intervención" del Ayuntamiento sobre la "ilegalidad" del proceso selectivo.

Así, la acusación señala que, además de advertirle de que el proceso incumplía los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, Secretaría e Intervención también le señalaron de que existía un riesgo de indefinición de estos trabajadores en la empresa.

CONTRATACIONES

Se trata de cuatro trabajadores que fueron contratados a través de cuatro decretos de la Alcaldía en los que, según la acusación "ordenaba la contratación de las personas por él elegidas": dos peones de limpieza, una limpiadora y un auxiliar administrativo.

Tras estas primeras contrataciones, estas personas habrían encadenado contratos en los que se habría prescindido del decreto de Alcaldía y que les habrían permitido obtener una plaza.

Todas las contrataciones citadas en el escrito fueron impugnadas por ilegales en la Jurisdicción contenciosa administrativa, donde fueron declaradas nulas.

Antonio Pérez Rodríguez renunció el pasado mes de noviembre a su militancia en el PP tras conocer la apertura del juicio. Las sesiones tendrán lugar en el Penal 1 de Ourense.