Víctimas del Metro de Valencia recurren el archivo de la causa y piden llamar como investigados a exdirectivos

Así consta en un comunicado, facilitado por la asociación, que recalca que a lo largo de la instrucción, la magistrada que la ha llevado a cabo se ha "empeñado" en ceñirla al exceso de velocidad y en responsabilizar únicamente al conductor del siniestro y ahora pretende archivar con el mismo argumento al sostener que no hay relación entre las actuaciones de los responsables de FGV y el descarrilamiento e insistir en que la ausencia de medidas de seguridad adicionales a las existentes no constituye infracción penal.

Sin embargo, la asociación insiste en que la función de la instructora no debe adentrarse en cuestiones que afectan a la culpabilidad y añade que basta con que existan indicios racionales de criminalidad para legitimar la continuación de la instrucción. En este sentido, considera que las pruebas solicitadas cumplen con los requisitos del Tribunal Constitucional, que establece que deben ser pertinentes, relevantes, necesarias y posibles.

Al haberlas denegado, sostiene que les ha producido indefensión y vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. En esta línea, pide que otros peritos valoren el nivel de cumplimiento por parte de FGV de la Ley de Prevención del Riesgo Laboral y que se cite a declarar a los exdirectivos investigados que aún no lo han hecho para mantener la posibilidad de imputación de delito porque para poder ser acusados, primero debe haber sido oída su declaración en instrucción.

La AVM3J insiste en que FGV tenía conocimiento del riesgo que suponía un posible exceso de velocidad y que en el pliego de condiciones para la licitación del frenado automático de las líneas 1 y 2, se admite que el riesgo del trayecto "consiste en el exceso de velocidad de las circulaciones a su paso por determinados puntos de cada tramo".

BALIZAS

Sin embargo, recalca que esos puntos, como la curva del accidente "no se protegieron" porque las balizas estaban programadas a la velocidad máxima del trayecto por superficie (80 km/h) u no a la máxima del recorrido subterráneo (60km/h) y de 40 al entrar en la curva. Y añade que el perito Andrés Cortabitarte en su informe apunta que la oferta de la empresa Siemens incluía la programación y reprogramación de las balizas que fueran necesarias (sin coste) y que de haber existido una programada a 60 km/h, el accidente no se hubiera producido.

La entidad considera que ello establece una "relación directa" entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes, con lo que se produjo un delito contra la seguridad de los trabajadores, 42 homicidios por imprudencia grave y profesional y 47 delitos de lesiones.

La asociación pide por tanto a la Audiencia que el juzgado requiera a la Universitat de Valencia, a la Facultad de Ciencias Sociales y al director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales, que designe un profesor de esta titulación para que se pronuncie sobre los mismos puntos que el perito Cortabitarte y que declaren como investigados la exgerente maría Luisa Gracia y otros cuatro exdirectivos.