Vicepresidente del Instituto Coordenadas cree que partidos políticos no tienen "legitimidad" para ser acusación popular

El vicepresidente del Instituto Coordenadas para Gobernanza y Economía Aplicada, Jesús Sánchez Lambás, ha abogado por eliminar a los partidos políticos y sindicatos de la acusación particular ya que, en su opinión, no tienen "legitimidad ni capacidad" para interponer querellas criminales.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, al afirmar que cada vez es más común que este tipo de acusación la use "cualquier persona que dice tener una asociación" para poner querellas criminales, lo que hace que se convierta en un "sistema de chantaje". "No puede ser que en un sistema democrático y jurídicamente maduro que la acción penal esté en manos de la privada", ha apostillado.

En este sentido, Sánchez Lambás ha destacado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal está previsto que los fiscales tengan diligencias para que realicen las investigaciones preliminares. "Incluso pueden pedir auxilio" a la Policía para llevarlas a cabo, ha añadido.

El vicepresidente del Instituto Coordinadas para Gobernanza y Economía Aplicada ha abogado porque cualquier persona que tenga una sospecha de cualquier irregularidad se lo comunique a la Fiscalía. "¿A quién le impide ir a la Fiscalía y denunciar?", se ha preguntado.

De este modo, preguntado por si se debería eliminar a los partidos políticos de la acción popular, ha enfatizado que éstos no deben ejercer una acusación porque "no tienen legitimidad, ni tienen capacidad para interponer querellas criminales".

LA ELIMINACIÓN DE LA ACCIÓN POPULAR NO LLEGÓ AL PARLAMENTO

Asimismo, ha no se ha mostrado muy confiado en que en esta legislatura el Ministerio de Justicia reforme la ley procesa penal en la cual se elimine dicha figura. Sánchez Lambás ha aseverado que el Gobierno ya tuvo esta propuesta encima de la mesa y "se quedó sin presentar en el Congreso de los Diputados", ha apuntado.

Aún así, ha reconocido que la acusación popular aparece en la Constitución porque los legisladores la contemplaron en ella "con buena fe". No obstante, a su juicio, la Carta Magna actualmente "hace aguas" y es necesario que se modifique, al menos, lo relativo al ámbito jurídico, así como otras leyes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data del siglo XIX.

Por último, el vicepresidente del Instituto Coordenadas para Gobernanza y Economía Aplicada ha aplaudido cualquier medio o instrumento que ayude a "reforzar" la independencia y dote de "mayor autonomía" a los fiscales.