Urdangarin podrá seguir residiendo en Suiza mientras que Torres no podrá salir de España

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, podrá seguir residiendo en Suiza, mientras que su ex socio, Diego Torres, no podrá salir del territorio nacional, según las medidas acordadas este jueves por la Sección Primera Audiencia Provincial de Baleares.

El tribunal, que ha acordado mantener la libertad provisional de Urdangarin y Torres, ha impuesto contra el primero sólo la obligación de comparecer el día 1 de cada mes -o siguiente hábil en caso de ser festivo- ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza). Además, Urdangarin deberá comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

En cuanto a Torres, se le ordena, además de la prohibición de salir del país, a entregar el pasaporte y a comparecer en el Juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes -o día siguiente en caso de ser festivo-. También deberá comunicar cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

No obstante, el tribunal ha advertido que si éstas medidas son incumplidas, podrá adoptar otras más gravosas para la libertad personal de los acusados, incluida la de prisión provisional.

De esta manera, el tribunal desestima las medidas solicitadas por la Fiscalía -el fiscal Pedro Horrach había pedido prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 euros para Torres-, y se estudiarán y resolverán en resolución aparte las pedidas por la Abogacía del Estado respecto a Torres -embargo de bienes, retención de pagos que pudiera recibir, etcétera-.

Durante la vistilla, las defensas de Torres y Urdangarin se han opuesto a la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal y real reclamadas por las acusaciones.

En la resolución, contra la que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, el tribunal señala que "los acusados, en ningún momento, han tratado de eludir la acción de la Justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada".

Además, añade que "ambos acusados disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional, especialmente Urdangarin, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis", indican.

En este sentido, explican que este arraigo y la "conducta hasta el momento observada por los acusados" permite a la Sala estimar que "el incremento del riesgo de huida que ello pudiera suponer, puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del Tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena que, no debemos obviar, responde a la suma del total de las impuestas".

Así, estiman proporcionada al riesgo de fuga inherente a la pena, la imposición de las medidas cautelares acordadas. Mientras, sobre Torres, teniendo en cuenta el incremento punitivo contenido en la sentencia, adoptan también la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España, salvo autorización expresa del tribunal.

Para garantizar la ejecución de las medidas cautelares, la resolución judicial se debe comunicar a las autoridades de fronteras y policiales, así como a la autoridad judicial de Suiza.

VISTILLA A PUERTA CERRADA

Cabe recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares había convocado para este jueves a las 10.30 horas una vista a puerta cerrada que ha comenzado de manera puntual y ha durado una media hora.

El ex duque ha llegado a la Audiencia sobre las 10.15 horas con el semblante serio y con un traje de chaqueta y una mochila. Allí, algunas de las personas que se han concentrado en las cercanías de la Audiencia le han increpado con abucheos y silbidos. "Chorizo, ladrón, devuelve el dinero", le han gritado.

Urdangarin, quien ha salido de la sede de la Audiencia sobre las 13.00 horas, unos diez minutos después de Torres, está condenado a seis años y tres meses de cárcel y su ex socio, Diego Torres, a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal.

SENTENCIA HACE MENOS DE UNA SEMANA

Fue el pasado día 17 cuando la Audiencia Provincial de Baleares comunicó a las partes personadas la sentencia dictada en el procedimiento abreviado 58/2015, conocido como 'caso Nóos'.

El fallo, adoptado por unanimidad de las tres magistradas del tribunal -Samantha Romero, presidenta y ponente; Rocío Martín y Eleonora Moyá-, incluyó respecto a Urdangarin un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Además, le condenó por un delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 7 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares, un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a 1 año de prisión, un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (259.478,38 euros), y un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (253.075,30 euros).

Por todos estos delitos, la suma de las penas asciende a 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros.

Mientras, condenó a la Infanta Cristina a una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo, si bien la absolvió como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008.

De esta manera, la Justicia tendrá que devolver a la Infanta al menos 322.225 euros después de que depositara en diciembre de 2014 un total de 587.413 euros que le reclamaba entonces la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la entonces Duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido.