La nueva norma UNE que se aprobará este jueves ayudará a las empresas a prevenir delitos

La asociación ha explicado en un comunicado que esta norma da respuesta a la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal de 2010 y a su última reforma de 2015, que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.

Tras dos años de preparación, la organización ha destacado que se trata de una norma "muy esperada del sector" a raíz de estas reformas legislativas, pues se trata de la primera norma específica en materia de prevención de delitos que se establece en España después de que se introdujese la posibilidad de eximir a las empresas de responsabilidad penal si cumplen una serie de requisitos.

En este sentido, será certificable por un tercero independiente que verificará que se aplica eficazmente, por lo que constituye una herramienta para demostrar, por ejemplo en caso de juicio, que la compañía ha llevado a cabo las buenas prácticas mundialmente aceptadas para la prevención y reducción del riesgo de delito.

Aunque su mera implantación no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la Fiscalía General del Estado explicó en una circular sobre la reforma del Código Penal que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal.

Según ha explicado a Europa Press el socio responsable de Risk Advisory de BDO, Enric Domenech, este nuevo marco normativo facilitará a las compañías disponer de una guía orientativa respecto a cuáles son los ámbitos en los que se deben orientar las políticas, procedimientos y mecanismos de control de los programas de compliance, minimizando el grado de subjetividad a la hora de la elaboración de los modelos.

EVALUAR LOS RIESGOS PENALES

Entre sus requisitos, la UNE 19601 establece que las organizaciones deben identificar, analizar y evaluar los riesgos penales y disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.

Además, las compañías deben usar procedimientos para poner en conocimiento las conductas potencialmente delictivas y adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión, así como supervisar el sistema por parte del órgano de gestión penal y crear una cultura en la que se integren la política y este sistema de gestión.

La norma ha sido elaborada dentro del subcomité técnico de Normalización de UNE de sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción, en el que han participado 36 expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal, como las asociaciones Ascom y Cumplen, empresas, administraciones públicas, consultoras, universidades, Transparencia Internacional y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, asociaciones de consumidores y sindicatos.