El Tribunal Superior de Madrid estudia el futuro procesal del juez Silva

Ese auto, dictado el pasado diciembre, transformó las actuaciones en procedimiento abreviado y dio un plazo de diez días al fiscal y a las partes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, todavía no han presentado sus escritos de acusación, según las fuentes consultadas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 está siendo investigado en virtud de la querella presentada por la Fiscalía, a la que se adhirió la defensa de Miguel Blesa y del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Se enfrenta a una pena máxima de 40 años de inhabilitación.

En la actualidad, Silva se mantiene apartado de la investigación abierta contra Blesa por la compra del City National Bank de Florida. Un caso que ha sido asumido temporalmente por su colega, el juez Juan Antonio Toro, y en el que ha citado a declarar para el próximo viernes al expresidente y a siete antiguos directivos de Caja Madrid.

SE SALTÓ LAS NORMAS

La resolución recurrida, que fue puesta en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalaba que Silva reabrió de forma "improcedente" las diligencias archivadas inicialmente contra Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán.

Gavilán añadía que Silva investigó después la adquisición del banco norteamericano de forma irregular y criticaba el "carácter prospectivo y general" de una instrucción a la que se vinculó con la "crisis global del sistema financiero".

Como indicios de delito, citó "la apertura injustificada de diligencias al letrado de la defensa" de Blesa, Carlos Aguilar, y sobre todo la prisión de Blesa solicitada por Manos Limpias, que carecía de legitimación para ello al no estar formalmente personada en la causa.

La primera vez que envió a Blesa a la cárcel, en mayo, lo hizo sobre "afirmaciones genéricas respecto a conductas delictivas" y sin tener en cuenta sus circunstancias personales. El banquero estuvo a disposición del juzgado desde el inicio de las actuaciones.

También recriminó a Silva que no tuviera en cuenta la intervención en esos hechos de entidades públicas como el Banco de España "y algo definitivo, como era la no pertenencia ya del denunciado a la entidad que de hecho se estaba investigando" es decir, Bankia como sucesora de Caja Madrid.

Según Gavilán, el juez se basó en una "motivación interna" para encarcelar a Blesa en base a unos correos electrónicos "que sólo guardarían una relación indirecta con la causa".

Sobre el retardo malicioso, pese a que los secretarios judiciales y otros funcionarios lo niegan, para Gavilán estas opiniones contrastan con los datos objetivos respecto a la demora en dictar resoluciones por parte del juez Silva.

Se trataba de decisiones que "pendían exclusivamente del querellado, que habitualmente en situaciones de similar naturaleza tienen preferencia cuando se encuentran en juego recursos frente a decisiones excepcionales como declaraciones del secreto sumarial o que afectan, como en el presente caso, a derechos fundamentales".