El Tribunal de Cuentas pide "mayor rigor" y "control" en contratos de entidades locales de cinco comunidades autónomas

Así lo pone de manifiesto el organismo fiscalizador en el informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de estas cinco comunidades autónomas --que carecen de órgano de control externo propio-- en los ejercicios 2013 y 2014, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En el citado informe, el Tribunal de Cuentas detalla las múltiples incidencias detectadas que están relacionadas con la preparación de los contratos, la tramitación de los expedientes, los criterios de adjudicación y la adjudicación, el afianzamiento de los contratos y en su ejecución.

Muchas de estas "deficiencias" ya fueron advertidas por el organismo fiscalizador en su informe del ejercicio 2012. Por ello, el Tribunal de Cuentas sostiene que los órganos de contratación "deberían establecer mecanismos" para llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en materia de contratación para "depurar y mejorar la gestión de este área clave de la actuación local".

ACREDITAR LA NECESIDAD DEL CONTRATO

El citado informe explica que muchas de las incidencias se produjeron durante las actuaciones preparatorias de los expedientes contractuales y reclama a las distintas regiones que incorporen en dichos informes las existencia de "necesidades públicas" que fundamenten la celebración del contrato.

También percibe una "insuficiente" determinación del objeto en los pliegos de cláusulas administrativas ya que, en la mayoría de los casos, no se concretan las características, requisitos y condiciones de varios contratos "cuando estos extremos deben fijarse unilateralmente por la Administración antes de la licitación".

También ve falta de definición en los criterios de adjudicación de varios de los pliegos de cláusulas administrativas analizados; y advierte del "carácter desproporcionado o anormal" que existe en las ofertas presentadas a la licitación en algunos de los contratos.

De hecho, el Tribunal de Cuentas avisa de que existen aspectos que no se ajustan a la normativa de contratación y de que otros no resultan conformes "con los principios de publicidad, transparencia y objetividad" que han de informar la contratación pública.

CONTROLES PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO

En relación con la ejecución de contratos, el órgano fiscalizador observa incidencias al no acreditarse la "correcta y completa" ejecución del objeto del contrato o "no haberse ejercido por las entidades locales los correspondientes controles para asegurar su correcto cumplimiento".

Y habla de "significativas demoras" en la ejecución de algunos de los contratos analizados y ve "algunas" incidencias en la facturación de otros.

Además, las entidades locales de las citadas comunidades autónomas también incumplieron "en su mayoría" la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información contractual correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. Aunque posteriormente, a expresa solicitud del órgano fiscalizador, sí lo reenviaron más del 90% de entidades locales.

UNA DECENA DE RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas realiza más de una decena de recomendaciones a las entidades locales objeto de la fiscalización --en 2013, un total de 1.927 entidades; y en 2014 un total de 1.923--.

El organismo fiscalizador recomienda a las entidades locales de estas regiones que tramiten con "mayor rigor" las fases de preparación y adjudicación de los contratos, para que no se produzcan modificaciones que implican "demoras y retrasos" en los mismos que "implican incremento de costes y desviaciones temporales".

También pide a las entidades que acrediten "con precisión" la necesidad de celebrar el contrato público y que se faciliten con ·mayor claridad y precisión" los criterios de adjudicación.

Asimismo, les reclama que adopten las medidas necesarias para establecer un mayor control en la ejecución de los contratos para garantizar el cumplimiento de los plazos, y que utilicen los mecanismos previstos en la normativa para exigir responsabilidades a los contratistas si procede. Además, insta a las corporaciones locales a que sean más "eficaces" en la gestión del gasto derivado de la contratación.