El Comisionado para la Transición Nacional y la Hacienda Catalana siguen suspendidos

En su resolución, el Pleno del TC considera ahora que son cuestiones "de gran relieve constitucional" que aconsejan, como ocurrió con la declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero de 2013, ratificar la suspensión durante el tiempo indispensable para que se pueda resolver la impugnación.

En relación con el decreto del Govern que creó el Comisionado de Transición Nacional, el TC recalca que esta entidad tiene como finalidad "la culminación del proceso de transición nacional y el seguimiento de las estructuras del Estado".

En cuanto al decreto del Govern que creó el Comisionado para la Transición Nacional, el TC recalca que esta entidad pretende "la culminación del proceso de transición nacional y el seguimiento de las estructuras del Estado".

"Las funciones que se atribuyen al comisionado no son solo preparatorias sino también necesarias para que el proceso pueda concluirse o culminarse", añade el TC, que sostiene que el decreto del Govern incide en ámbitos de la máxima relevancia jurídico-constitucional, como es la integridad de la Constitución.

El Pleno concluye que todas estas cuestiones "aconsejan, atendida la relevancia de lo aquí en discusión, mantener la suspensión" de los preceptos que se habían impugnado.

La suspensión afecta también al Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras del Estado, el Plan de Infraestructuras Energéticas y diferentes artículos de la ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas.

El Pleno del Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar también de un inciso de un artículo de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2015 para la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos porque "pone en riesgo el interés general al impedir la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado para contener el gasto público".

RECURSO DE RAJOY

Este inciso había sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que fue suspendido cautelarmente el 25 de junio, recuerda el TC.

"La adopción por parte de las comunidades autónomas de medidas que puedan impedir la eficacia de las adoptadas por el Estado para contener el gasto público puede causar un daño grave e irreparable a los gastos generales", razona el tribunal.

Insiste en que "poner en riesgo la efectividad de las medidas estatales que tienen como finalidad contener el gasto público constituye un perjuicio con la entidad suficiente para acordar el mantenimiento de la suspensión".