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Testaferros del caso de la fundación afín a Unió admiten que no gestionaban sus empresas

Cuatro administradores reconocen que las decisiones en sus sociedades las tomaban los acusados
Cuatro administradores de varias empresas, que según el fiscal eran meros testaferros en la causa de la fundación afín a Unió, han reconocido en su declaración como testigos en juicio que no gestionaban estas sociedades a su nombre, sino que las decisiones las tomaban dos de los acusados, responsables del grupo empresarial IMS.
En la primera ronda de testificales este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, estos cuatro "hombres de paja" --según los define la Fiscalía-- han admitido que eran administradores de unas empresas que ni tenían trabajadores ni acabaron ningún proyecto.
Fiscalía cree que los directores del grupo IMS Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés crearon diferentes niveles de sociedades con testaferros para defraudar a varias bancos pidiéndoles líneas de descuento, haciéndoles creer que eran solventes, y así generar una 'pelota financiera' entre 2003 y 2007.
La implicación de Unió en la causa --acusado como responsable civil subsidiario-- estriba en que los acusados eran gestores también de la Fundació Catalunya i Territori (FCT, afín al partido) y, presuntamente, usaron ilícitamente fondos de ella para pagar servicios que en realidad fueron para Unió, que, además, supuestamente se benefició de forma injustificada de varios locales que la fundación le cedió en "condiciones anormalmente ventajosas".
EMPRESAS SIN TRABAJADORES
El primero testigo en declarar --que figura como administrador de dos de las sociedades-- ha admitido que su empresa no tenía empleados pese a estar supuestamente trabajando en un proyecto informático; y también ha dicho que no tomaba decisiones sin consensuarlo con los gestores de IMS, y que no recuerda cuánto dinero puso para el proyecto ni dónde estaban las sedes de sus propias sociedades.
Otro testigo ha explicado que IMS le pidió ser administrador de una de las sociedades, pero no hizo "ningún tipo de gestión" en ellas, y después descubrió que su firma estaba falsificada en mucha documentación que él ni había visto.
Una administradora de otras tres sociedades ha admitido también que ella no participaba en la gestión: era IMS quien le avisaba de cuándo le pasaba recibos, y luego era el propio grupo empresarial el que se encargaba de pagarlos sin que ella tuviese que intervenir.
El último de los testigos, con cuatro empresas a su nombre, también ha relatado que ninguna de estas sociedades tenía empleados y que era IMS quien se encargaba de la gestión.
Además de López y Cortés, están acusados en la causa el que era presidente de la FCT, Josep Boqué; el empresario vinculado al grupo IMS y a la fundación afín a Unió, Xavier Soriano, y el entonces administrador de la constructora Copisa, José Coronado.
El juicio, que comenzó el viernes con resolución de cuestiones previas de carácter técnico, debe continuar este viernes con la declaración de otros seis testigos, también supuestos testaferros; y se prevé interrogar a los acusados desde el 17 de febrero.