El hermano de Tania Sánchez niega privilegios

"Privilegios no he tenido, ni yo personalmente ni la cooperativa", ha manifestado durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de IU para investigar las presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a la cooperativa Aúpa y a la empresa Sport & Racket Professional Service.

Igualmente, ha declarado que todos los contratos obtenidos por Aúpa fueron adjudicados por gobiernos de coalición y que, de hecho, empezaron a "perder contratos según IU va ganando poder".

A su juicio, su parentesco no le ha reportado "ni beneficio ni perjuicio", y su cooperativa ha sido como tantas empresas de este país que han tenido que cerrar por la crisis.

"Desde luego, no tengo ni he tenido un beneficio personal nunca, ni seguro lo tendré", ha aseverado Sánchez.

En cuanto a la disolución de Aúpa en octubre de 2009, ha explicado que fue una decisión que se tomó ante una situación en la que todos los ayuntamientos estaban "recortando".

Hasta entonces, ha asegurado que la cooperativa se presentaba a todos los concursos que podía en "infinidad de sitios", y que ha trabajado en distintos ayuntamientos, aunque, sobre todo, de manera puntual y en "muy pocos" casos con continuidad, al tratarse de una "empresa pequeña y local".

Hector Sánchez ha dicho que la cooperativa se puso en marcha a finales de 2001, aunque comenzó a funcionar a principios de 2002, y que él entró a formar parte de la misma a mediados de 2003, asumiendo la responsabilidad de administrados en 2004.

Ante la pregunta de cuándo comenzó a trabajar para el Ayuntamiento de Rivas, ha respondido que en 2002, según lo que "cuentan los periódicos".

A partir de que asume la responsabilidad de administrados en 2014, figura como domicilio de la empresa su propio domicilio, la vivienda familiar.

No obstante, ha sostenido que no cree que sus familiares tuvieran conocimiento de que él era el administrador, ya que entre ellos tenían "poca relación a nivel de temas laborales", aunque sí conocían que formaba parte de la cooperativa. También ha afirmado que sus familiares no tenían conocimiento de los concursos a los que ésta se presentaba.

Respecto a que dos de las fundadoras de la cooperativa, Yolanda Pérez y María Abril, pasaran posteriormente a ser trabajadoras interinas del Ayuntamiento y luego funcionarias y a elaborar los pliegos de condiciones de las adjudicaciones a las que optaba Aúpa, ha señalado que no hubo ningún cambio en los contratos obtenidos.

El PP ha pedido documentación sobre el proceso de funcionalización en el que participaron las dos trabajadoras municipales y sobre una posible denuncia de dichas trabajadoras contra el Ayuntamiento, pero IU ha sostenido que el proceso de funcionalización que afectaba a 60 personas no tiene que ver con el objeto de la comisión y ha dicho que no tiene constancia de la citada denuncia.

Asimismo, el PP ha criticado que Yolanda Pérez firmó facturas como administradora de la cooperativa a fecha de 15 de abril de 2013 cuando desde el 1 de abril de ese año tenía un contrato de interinidad con el Ayuntamiento.

Además de Héctor Sánchez, habían sido llamadas a comparecer en la sesión de la comisión de investigación celebrada este martes Yolanda Pérez, María Abril y Miriam Álvarez Rodríguez.

Las dos primeras han rechazado la solicitud de comparecencia por carta, alegando, entre otras cuestiones, que la comisión no ha tomado las medidas necesarias para que se garantice su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ni la presunción de inocencia.

Raúl Sánchez comparecerá en la próxima sesión

La comisión ha acordado establecer su próxima sesión para el día 30 y solicitar las comparecencias para ese mismo día del exalcalde de Rivas, José Masa, el concejal de Deportes, Raúl Sánchez, y los dos presidentes en las Mesas de Contratación Guillermo Magadán y Marcos Sanz.

Por lo tanto, quedan pendientes las comparecencias de Tania Sánchez y del exconcejal de Infancia y Juventud y actual portavoz de IU, Pedro del Cura.

Por otro lado, durante la sesión los representantes del PP y del PSOE han puesto de manifiesto que la documentación que habían solicitado está incompleta y han pedido que se les permita sacar copias en papel de la información digitalizada, a lo que IU se ha opuesto al considerar que no está garantizado el "nivel de custodia", en palabras de la representante del Gobierno Ana María Roboiro.

El PP ha solicitado los expedientes completos de los contratos y la información sobre el proceso de funcionalización. Según el representante del PP, Jesús González, en total hubo seis contratos mayores adjudicados a Aúpa entre 2002 y 2008, en algunos de los cuales Raúl Sánchez se encontraba en la Junta de Gobierno que los adjudicó, mientras Tania Sánchez se encontraba en la que adjudicó el contrato de 2008.

Según se ha confirmado mediante la documentación aportada a la oposición, ninguno de los dos comunicó al Ayuntamiento su vinculación familiar con la empresa adjudicataria.