Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

TSJC notifica a la Mesa del Parlament la investigación por la resolución del referéndum

Les recuerda que incumplir la sentencia del TC puede conllevar la vía penal
Dos secretarias judiciales del TSJC se han desplazado este martes al Parlament para notificar a la Mesa el incidente de ejecución aceptado a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), por el que se investiga la aceptación a trámite de la propuesta de resolución que JxSí y la CUP presentaron en el Debate de Política General para celebrar un referéndum unilateral.
Hasta la fecha, sólo la presidenta Carme Forcadell estaba bajo investigación por permitir el debate y la votación de la conclusiones de la comisión del proceso constituyente, algo que el TC le había instado a impedir porque lo considera un desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el tribunal.
Tras el Debate de Política General, el abogado del Estado vio en la resolución independentista visos de ilegalidad, al considerar que también desarrollaba esa resolución, y el TC abrió un nuevo expediente de ejecución que implica a los miembros de la Mesa que permitieron que se llevara al pleno.
Al margen de Forcadell, los miembros que permitieron esa tramitación fueron el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) --votando a favor-- y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que se abstuvo.
El documento, entregado a todos los componentes de la Mesa y consultado por Europa Press, explicita que se trata del expediente de ejecución sobre la resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016.
"Les advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal en que puedan incurrir en caso de incumplimiento" de lo que ordena el TC.
La notificación de "apercibimiento y requerimiento" también les pide que emitan un informe en 20 días hábiles sobre las actuaciones que dieron lugar a la aceptación a trámite de la resolución.
"INJERENCIA" DEL GOBIERNO
En rueda de prensa, el vicepresidente primero, Lluís Corominas, ha explicado que la Abogacía del Estado solicitó la investigación de los puntos de la propuesta de resolución del Debate de Política General que van de las 1 a la 9 --que hacen referencia a "la convocatoria del referéndum y la ley de régimen jurídico"-- y de la 13 a la 16 --que hablan del proceso constituyente--.
El documento recoge las advertencias que durante el pleno hicieron el entonces portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, y el de C's, Carlos Carrizosa, advirtiendo de que la resolución contravenía el dictamen del TC, y se negaron a votarla, pese a lo cual "la presidenta sometió a votación las resoluciones".
Corominas ha explicado que la Abogacía del Estado solicita al tribunal que anule dichas resoluciones, aunque ha aclarado que lo ha ahora hace el TC es suspenderlas a la espera de la instrucción del caso; una actuación que ha tachado de "injerencia del Gobierno del Estado que se salta el procedimiento parlamentario".
ADVERTENCIA AL GOVERN
La Abogacía del Estado ve un incumplimiento al aprobarse esas propuestas de resolución que "generan una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional, pues el Parlamento catalán pretende formalizar una vez más la convocatoria de un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la desconexión con el Estado de manera unilateral".
"Las resoluciones aprobadas vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución", concluye el texto, que pide contundencia al advertir de las consecuencias de continuar el proceso independentista, no sólo a los miembros de la Mesa, sino también al presidente de la Generalitat y a los miembros de su Govern.
En concreto, insta a prohibir al Govern que tramite una propuesta legislativa ni dicte norma de rango reglamentario ni cualquier iniciativa de soporte jurídico o material que cumpla la resolución impugnada.
La notificación adjunta documentos del Boletín oficial del Parlament (BOP) e incluso una nota de prensa de la rueda de prensa que ofreció Carme Forcadell, en la que afirma que "en el Parlament se continuará hablando de todo", una postura que ha mantenido también este martes.